En 2008, el Congreso aprobó la denominada Ley Lafquenche y, con ello, trasladó el conflicto indígena de la tierra al mar. La norma reconoce espacios reservados de costa para las comunidades indígenas que así lo reclamen y, con ello, cualquier otro proyecto productivo que se pretenda realizar en la misma zona -desde pesca artesanal hasta la construcción de un embarcadero- queda sujeto a procesos de revisión que se pueden prolongar por varios años.

El proyecto más emblemático afectado por la creación de estos Espacios Costeros y Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) es el ducto que la empresa Celulosa Arauco pretende desarrollar en Mehuín desde hace varios años.

Según cálculos del Ministerio de Economía, la inversión no materializada asciende a unos US$ 65 millones sólo por el ducto y su ejecución se superpone con tres solicitudes de espacio costero presentadas por comunidades indígenas del sector.

Claro que el caso Mehuín sólo es la parte más visible del problema: a la fecha, hay 475 proyectos que se superponen con las solicitudes de 21 comunidades indígenas, las que en total reclaman 733.412 hectáreas de mar. Esto, bajo el supuesto de que en ese territorio, comprendido entre el golfo de Arauco y Los Lagos, ellos han desarrollado actividades económicas, culturales o religiosas ancestrales.

Dependiendo de la interpretación que se haga de la Ley Lafquenche, podría presentarse un escenario que genera una preocupación mayor en el empresariado: la posibilidad de que la línea de transmisión que, eventualmente, traería la energía desde las centrales de HidroAysén al centro del país no pueda pasar por la costa.

La línea proyectada tiene una longitud de 1.912 kilómetros y, de ellos, 160 serían submarinos, entre Chaitén y Puerto Montt.

Según el presidente de la Sofofa, Andrés Concha, para que la oposición a la línea de transmisión llegue a prosperar, sería necesario no sólo haber obtenido la administración del espacio costero, sino también acreditar el uso consuetudinario del fondo marino y que ese uso sea incompatible con esos proyectos.

"En este punto pensamos que se debiera perfeccionar el reglamento, ya que una práctica o conducta realizada sólo dos veces dentro de un período de diez años (así lo establece la ley) está muy lejos de ser considerada consuetudinaria", señala.

Una opinión distinta sostiene Sergio Millamán, integrante del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos del Pueblo Mapuche. A su juicio, los proyectos de inversión son posteriores a los derechos que la ley y el propio Convenio 169 reconocen a las comunidades costeras. Por tanto, resulta inexacto plantear que los pueblos originarios irrumpieron desde la nada para entorpecer el desarrollo del sur del país, plantea.

"Estamos hablando de proyectos e intereses que están en colisión con derechos fundamentales que el mismo Estado ha ratificado. Y respecto al lecho marino, lo fundamental es el proceso de consulta antes de empezar cualquier proyecto".

Dos zarpes pesqueros en diez años bastan

Cuando se creó esta ley -durante el gobierno de Michelle Bachelet- no se incluyó ningún límite en términos del territorio que los indígenas podían exigir y sólo se estableció como requisito que comprobaran que durante los últimos diez años habían utilizado ese espacio al menos dos veces.

Según la asesora del Ministerio de Economía, Mónica Ríos, esta es una ley perfectible en varios aspectos: por ejemplo, no entrega parámetros ni criterios objetivos para determinar si una superficie solicitada es acorde con el uso que se quiere hacer.

"Si se ingresa una solicitud por cinco hectáreas o por 150 mil hectáreas, hay que recepcionarlas. Cuando eso ocurre, todos los procesos de concesiones acuícolas, marítimas o de área de manejo que ya habían iniciado su trámite deben suspenderse".

A la espera

En la Región de Los Lagos, las comunidades solicitaron un sector que abarca casi toda la costa de la comuna de Hualaihué y parte de la costa norte de la Península de Huequi, en Chaitén. Esa solicitud se sobrepone con proyectos de la Dirección de Obras Portuarias, según un registro de proyectos del Ministerio de Economía.

En Caleta Puelche, en tanto, se encuentran condicionadas las obras de conectividad marítima de la ruta costera 7, cuya inversión asciende a $2.500 millones, y, en Pichanco, está amenazado un proyecto de mejoramiento de caminos por $338 millones. Todas estas obras se ubican entre Puerto Montt y Chaitén.

Algunas obras del Plan Chiloé también se sitúan en zonas demandadas por comunidades indígenas. Entre otras, se encuentran condicionadas la construcción de obras de atraque en el sur de la isla Grande y en la isla Koldita, ubicada al sur de Quellón.

En la Región de Los Ríos, la Asociación de Comunidades Indígenas de los Territorios Costeros Valdivia y Mariquina solicitan una zona que incluye gran parte de Valdivia y Corral. Esta exigencia se superpone con la construcción del Terminal de Pasajeros de Niebla para la conectividad de los habitantes de esa zona, cuya inversión asciende a $2.230 millones.

Obras de mejoramiento de la Caleta de Pescadores Artesanales de Los Molinos -una de las más importantes de Los Ríos- también se encuentra en veremos. El proyecto que debería comenzar a ejecutarse en 2013 con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) asciende a $835 millones y se superpone con espacios demandados por los indígenas.

Tres ministerios

La ley que crea la figura del Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios involucra a tres ministerios, lo que -a juicio de fuentes empresariales y del propio Gobierno- dificulta su aplicación y mantiene en vilo a las comunidades indígenas y también a los chilenos no mapuches que pretenden desarrollar proyectos productivos.

Las comunidades que soliciten uso exclusivo de estos espacios primero deben recurrir a la Corporación Nacional Indígena (Conadi), organismo que está a cargo de acreditar el uso ancestral de esos territorios, utilizando documentos históricos, cartografías, registro de zarpes, etc.

Este espacio luego debe ser entregado en destinación por el Ministerio de Defensa a la Subsecretaría de Pesca, la cual suscribe el respectivo convenio de uso con la comunidad beneficiaria.

En caso de que la misma área sea requerida por chilenos no indígenas para otros usos (pesca artesanal, por ejemplo), todo el proceso se suspende, a la espera de que la Conadi y las otras reparticiones públicas se pronuncien.