Contra el tiempo trabaja la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados para avanzar en la tramitación del proyecto de ley del sector pesquero, necesario para diciembre, fecha en que vence la actual norma que regula al sector.

Con sesiones de más de cuatro horas al día y tres veces por semana, los diputados se encuentran analizando las más de 800 indicaciones que fueron introducidas al proyecto, incorporadas por el gobierno y por los parlamentarios.

Una de ellas está complicando al sector pesquero. Se trata de la indicación presentada el 12 de junio y aprobada por siete votos, entre otros de la Concertación y el diputado Alejandro Santana, de RN. La indicación señala que el Estado “tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción”. Agrega que se podrá conceder la explotación del recurso sólo “conforme a las disposiciones de esta ley y demás normas legales y reglamentarias”.

Explica que el establecimiento de los permisos o autorizaciones dará a los titulares la facultad de extraer el recurso “sólo mientras se encuentren vigentes y no generará derecho alguno respecto de su continuidad o permanencia en el tiempo. La extinción de los mismos no ocasiona responsabilidad alguna para el Estado”.

En la comisión dicen que la medida es valorada, ya que durante años los recursos pesqueros estuvieron a merced de los pescadores industriales.

Mirada país

Hace unas semanas, el diputado Fidel Espinoza afirmó que ahora, bajo el nuevo texto legal aprobado, “quienes posean las concesiones sólo podrán hacer uso de éstas mientras se encuentren vigentes y no entregará derecho a su uso en el tiempo, lo que, a su juicio, beneficiará a los pescadores artesanales”. Para la diputada Clemira Pacheco, el punto tiene que ser normado y asegura que “nadie puede adueñarse de los recursos”. Sostuvo que de todas formas “es necesario tener una mirada de país, en el sentido de darle también seguridad y resguardo a la gente que invierte en esta actividad”, dijo.

En la industria pesquera no gustó la indicación. Afirman que las empresas poseen derechos históricos y que la medida, de avanzar en el Senado y contemplarla en la ley, es inconstitucional. Agregan que uno de los puntos que el gobierno les garantizó, cuando comenzó la discusión de la norma, es que a los industriales se les iban a respetar los derechos históricos. Esto, debido a que el proyecto incorpora la figura de las licitaciones de las cuotas, lo que no estaba contemplado en el acuerdo que firmaron la industria pesquera y el gobierno a fines de 2011.

Junto con esperar que la indicación no prospere en la comisión del Senado, las fuentes indican que el gobierno no descartaría recurrir al Tribunal Constitucional. Pero esta no es la única molestia del sector, el número de indicaciones y la demora en la discusión es otro punto que está inquietando a la industria.

“Los diputados le han puesto empeño, con largas sesiones, pero las indicaciones son muchas y aún no se tocan los temas relevantes, así como va la discusión, los plazos no darán”, indicó un ejecutivo del sector pesquero.

El mismo análisis tiene la diputada Pacheco. “Hay más de 800 indicaciones. Yo tengo que revisar más de 80. Así como vamos, no creo que terminemos en junio”, dijo. Añadió que lo más probable es que el proceso se termine a mediados de julio. Sin embargo, el gobierno, que se comprometió con los parlamentarios a tener el proyecto de ley en junio -para su próxima discusión en el Senado- volvió a colocar “suma urgencia” a la tramitación. Además, el gobierno y la Comisión de Pesca llegaron a un acuerdo para que los diputados voten el proyecto a más tardar el próximo 12 de julio.