Denuncian instrumentalización de Directemar para sacar del mercado dos wellboats de Solvtrans Chile

Los primeros registros de matrícula de dos naves de propiedad de la naviera Solvtrans Chile fueron cancelados el 11 de octubre del año pasado en ejecución de un dictamen de la Contraloría General de la República enviado a la Directemar (Mundo Acuícola).

La Directemar abrió un proceso de invalidación de los registros de matrícula de las naves tipo wellboats “Ronia Pacific” y “Ronia Austral” a cuatro meses de haber autorizado sus matrículas actuales otorgadas ahora bajo la clasificación legal de “naves mercantes”, invalidación que, en caso de llevarse a cabo, dejaría a 60 empleados sin sustento laboral.

“Estamos en una nube de incertidumbres”, sostiene el Capitán de Solvtrans Chile, Patricio Saavedra. Mientras navega, explica la razón: “por presiones externas, la Directemar abrió un proceso de invalidación de las matrículas de los wellboats Ronia Pacific y Ronia Austral, las que habían sido otorgadas recién el 16 de noviembre pasado cumpliendo con toda la legalidad vigente. No sabemos qué va a pasar con nosotros y nuestras familias si esto sucede finalmente”.

El capitán se refiere a dos naves de propiedad de la naviera chilena Solvtrans Chile, cuyos primeros registros de matrícula fueron cancelados el 11 de octubre del año pasado, en ejecución de un dictamen de la Contraloría General de la República enviado a la Directemar. Esto, luego de que el órgano contralor estimara que se contravino la Ley de Navegación por transportar carga para terceros, siendo que desde principios de 2015 Solvtrans Chile S.A. cumple con los requisitos de nacionalidad que exige la Ley de Navegación. Sin embargo, un mes después de la cancelación de las matrículas, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante autorizó sus nuevos registros al corroborar la no existencia de impedimento alguno que afectase a Solvtrans Chile S.A. para volver a matricular.

Hoy, la Directemar vuelve a plantear la posibilidad de invalidar las matrículas que otorgó, lo que para Saavedra no son más que intereses comerciales y pugna entre compañías competidoras. “Les molesta que los trabajadores estemos cómodos en Solvtrans, bajo más altos estándares, que hagamos un buen trabajo, que haya llegado una empresa que respete los derechos de los trabajadores, del medio ambiente y haga que la industria acuícola deba modernizarse. Ellos en vez de mejorar prefieren sacar a la empresa de la competencia y mandarnos a los que trabajamos acá a la lista negra”, señala Saavedra.

A la denuncia hecha por los trabajadores, se sumó esta semana la  Federación Nacional de Sindicatos Oficiales Naves Mercantes y Especiales de Chile y la CUT Provincial- Llanquihue, la que  en una carta enviada al Directemar por su Presidente José Pacheco señaló: “tenemos la convicción que esta situación se debe a la falta de reglas claras por parte de la Directemar en la clasificación de dichas naves y que a raíz de estos vacíos se han aprovechado la empresa Naviera Orca Chile S.A, y el gremio ‘amigo’ ARMASUR quienes por años han intentado sacar a la naviera Solvtrans Chile del mercado, poniendo en peligro la pérdida de una decena de puestos de trabajos así como el sustento de un número superior de familias”. De acuerdo con las cifras que calculan los trabajadores, los afectados serían cerca de 60 hombres, todos jefes de hogar a cargo de familias de al menos cuatro integrantes.

Víctor Vargas, gerente general de Solvtrans Chile en cambio, se muestra confiado: “le queremos dar tranquilidad a nuestros trabajadores, porque el proceso de invalidación no se ha resuelto y es improcedente bajo todos los preceptos legales. Estamos seguros que la Directemar no se va a dejar instrumentalizar por los intereses predatorios de los que no quieren un mercado con más competidores”, asegura.

En julio pasado, Vargas en representación de Solvtrans Chile S.A. presentó ante el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia una medida pre judicial a fin de  que los dirigentes de Armasur AG exhibieren al TDLC las actas de reuniones de su directorio de varios años como así otros  documentos y antecedentes relevantes,  que pudieren dar cuenta de la existencia de acuerdos o coordinaciones destinadas a excluir el acceso de nuevos competidores a este mercado en particular, medida que fue acogida por el Tribunal.

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