Senadores respaldan protección de reserva Cabo de Hornos ante instalación de centros salmoneros

Esto frente a la instalación de jaulas para la engorda de salmones por parte de la empresa Nova Austral. Los parlamentarios presentarán un recurso de revisión extraordinaria, e incluso no descartan solicitar un juicio de nulidad respecto a los permisos entregados (Senado.cl).

Ante la inminente instalación de cuatro centros de cultivo de salmones en el canal Beagle, la comunidad de Puerto Williams presentó a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales un petitorio con antecedentes para la exclusión de la salmonicultura al interior de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos.

Los representantes de dicha localidad austral denunciaron que, hasta la fecha, no hay una respuesta por parte de las autoridades y tampoco un pronunciamiento sobre la falta de consulta indígena. Solicitaron que la Comisión intervenga para que Nova Austral detenga su proceso de instalación en la comuna.

Cabe consignar que dicha empresa -cuyos principales accionistas son Altor Fund III, de noruega y, Bain de Estados Unidos- instaló jaulas para la engorda de salmones en Puerto Williams. Ante la impotencia al ver la llegada de la industria al extremo sur de Magallanes, los habitantes junto a comunidades indígenas, yaganes, mapuches y huilliches han realizado una serie de manifestaciones.

Ilegalidad

El presidente de la instancia, el senador Guido Girardi explicó que “nosotros vamos a hacer todas las acciones que estén a nuestro alcance. Aquí hay mecanismos para revertir esto y los vamos a usar. Lo que ha ocurrido ahí es totalmente ilegal. El hecho que la Resolución de Calificación Medio Ambiental (RCA) haya caducado y que no se haya materializado esa caducidad, ya es una irregularidad gravísima“.

El tema concitó el interés de los congresistas, quienes recibieron a actores involucrados en las sesiones realizadas el lunes 8 y martes 9 de abril, en Santiago y Valparaíso, respectivamente.

Fue así como los parlamentarios conocieron la opinión del alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández; representantes de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y del Ministerio de Medio Ambiente; autoridades de la Comunidad Yagán Bahía Mejillones; voceros de Greenpeace; y a la investigadora del Programa de Conservación Biocultural Subantártica, Tamara Contador.

Los argumentos de los invitados fueron tan fuertes, que de manera transversal la Comisión calificó como gravísima la entrega de estas concesiones. Así se acordó citar al subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, para la próxima sesión.

Recurso de revisión

Por su parte, el senador Girardi informó que “vamos a pedir una comisión investigadora para que indague de qué manera se han entregado estas y otras concesiones”. Asimismo, adelantó que “la Comisión y los senadores de la región de Magallanes, Carlos Bianchi y Carolina Goic, más la alcaldía de Cabo de Hornos, universidades y representantes de la comunidad Yagán elevaremos un recurso de revisión extraordinaria que se puede presentar incluso cuando las resoluciones están a firme y aunque hayan prescrito los plazos”.

Continuó explicando que “si eso no funciona, vamos a ir a un juicio de nulidad de hechos públicos, contra el Estado por haber obrado ilegalmente (…) Lamento mucho que las empresas noruegas se presten para un proceso que es totalmente fraudulento y donde puede haber eventualmente corrupción (…) No es aceptable que este tipo de proyectos se instalen en reservas. ¿Para qué haces una reserva o un parque marino, si después se va a instalar una de las actividades más depredadoras del medio ambiente como es la salmonicultura?”.

Asimismo, la senadora Ximena Órdenes expresó que “es momento que el país piense en el borde costero, dando garantías a los distintos focos productivos, pero con una producción limpia acorde a los estándares internacionales en materia medio ambiental. Lo que esperamos es que las normas noruegas se repliquen en Chile, en las zonas donde va a operar la salmonicultura”.

Rol autoridades

La legisladora planteó que junto con invalidar las concesiones, “se tiene que establecer claramente cuál fue el rol que jugaron los servicios y ministerios que otorgaron los permisos sectoriales en esta materia”.

La senadora Isabel Allende manifestó que “me parece criminal que una zona tan prístina de las pocas reservas que quedan en el mundo terminemos contaminándola con esta industria por todo lo que produce: las fecas, las hormonas, la fuga, por razones archicomprobadas. Se están usando subterfugios porque se están pidiendo ampliaciones de proyectos no terminados”.

La congresista recordó que se está tramitando –en paralelo- “una ley de biodiversidad que busca proteger estas reservas y preservar nuestro capital natural. Espero que seamos consecuentes y busquemos si se ha hecho algún tipo de fraude. Creo que sería muy reprochable como país que contamináramos lo que aún nos queda impecable”.

Concesiones salmoneras

La representante de la comunidad Yagán, María Luisa Muñoz aseguró que “todos sabemos lo que es la industria del salmón y sus perjuicios. Las salmoneras no son compatibles con la pesca artesanal, con los pueblos indígenas, con el turismo. ¿Cómo se van a instalar en la puerta de entrada a la Antártida? Vamos a ser lo imposible porque impedirles ejercer la salmonicultura ahí”.

“Lo que sabemos es que se entregaron 4 concesiones, de las cuales 3 van a empezar a operar. Ya hemos visto una en faenas, por eso, independiente de la actitud del gobierno, vamos a ser todo lo que esté en nuestras manos por salvar el ecosistema de esa zona”, argumentó.

La coordinadora de océanos de Greenpeace Chile, Estefanía González manifestó que “lo que ocurre con esta industria, es que piden concesiones para especular porque solicitan muchas más de las que pueden implementar desde un punto de vista técnico y económico. Eso pasó en Puerto Williams porque tiene cuatro concesiones allá que nunca operaron”.

Saltarse la ley

La activista continuó explicando que “estas concesiones debieron ser caducadas porque efectivamente la ley señala que las evaluaciones ambientales deben hacerse contemporáneas a las actividades a desarrollar. Acá vemos que esa evaluación se hizo hace 10 años. Las empresas inventaron un truco para saltarse la ley. Hoy se debiera caducar tanto las concesiones como los permisos ambientales”.

A su vez, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández aseguró que “esto viene arrastrándose desde hace muchos años. Hoy afecta la provincia antártica. Hoy hay que parar esta situación. No sacamos nada con ser el segundo país mayor exportador de salmones si dañamos con ello el ecosistema”.

Declaró que como alcaldía “vamos a seguir trabajando para que se asuma que efectivamente estas concesiones están caducas. El daño que se puede hacer a la reserva de la biósfera puede ser irreparable. Queremos generar conciencia de eso desde el sur hacia el norte”.

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