El 7 de abril del 2015 se publicaba en el Diario Oficial la Ley 20.825, que ampliaba el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura, cambiando algunos aspectos...
El 7 de abril del 2015 se publicaba en el Diario Oficial la Ley 20.825, que ampliaba el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura, cambiando algunos aspectos contemplados en la Ley 20.434 aprobada en 2010. Dicha normativa, a su vez, modificaba la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) en materia de acuicultura con el fin de ayudar al sector salmonicultor a sobreponerse de la crisis del virus ISA, que prácticamente hizo colapsar a la mayor industria motor económico y social de la zona sur austral de Chile.
Los mencionados cambios legales se enfocaron para dar un nuevo impulso al tema del ordenamiento territorial y relocalizaciones de la industria en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, dando una mejor administración a las agrupaciones de concesiones o “barrios” y, en definitiva, generando un nuevo punto de inicio, un “reseteo” del sinnúmero de situaciones anómalas que llevó al sector a utilizar espacios marinos no siempre concordantes con la documentación otorgada. Es decir, un necesario orden de la casa marina y de las habitaciones o concesiones que cada habitante utilizaba. Hasta aquí, todos tranquilos.
Dentro de las restricciones que este ordenamiento tendría, el Artículo 7° indicaba que “la relocalización de centros de cultivo no podrá sobreponerse con áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos; parques y reservas marinas; parques nacionales; espacios costeros marinos de los pueblos originarios; áreas donde haya presencia de banco natural o un caladero de pesca, y a sectores de interés turístico definidos en la zonificación respectiva. Entonces, al momento del ingreso de una solicitud de relocalización, la Subsecretaría de Pesca debería, mediante informe técnico, determinar la existencia o no de caladero de pesca en el sector solicitado. En fin, algo que todavía sonaba lógico y que nos ponía a todos en compás de espera hasta conocer la ubicación y extensión exacta de todas estas áreas intocables, pues había que recordar que el “espíritu de la ley”, en definitiva, favorecería la actividad de cultivo de salmónidos en armonía con todos los demás intereses económicos, sociales, ambientales, culturales y turísticos del borde costero. Sin embargo, atisbos de intranquilidad empezaron a surgir en el mundo de la acuicultura ante tan amplia definición.
Aquí ya hubo varios que empezaron a fruncir el ceño y, como habría dicho el cómico nacional Bombo Fica: “sospechosa la w…” . Pero este trámite era fundamental para seguir avanzando en las relocalizaciones y reordenamiento territorial, pues sin él, seguiríamos en un “Statu Quo” infinito, que terminaría de todas maneras por asfixiar a la salmonicultura y a la acuicultura en general.
Y llegó el esperado momento. Desde el pasado martes 23 de mayo, están publicados en el sitio electrónico de la Subpesca los informes técnicos que justifican el establecimiento de los caladeros de pesca en las regiones de Los Lagos, de Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena, conforme lo establece la normativa ya señalada, pues luego de siete años de espera, ya tenemos los mapas e informes de caladeros que resultaron de la propuesta para cada región. Entre el 23 de mayo, y hasta el 17 de julio, podrán hacerse observaciones mediante consulta pública a esta subsecretaría de Estado.
Sin entrar a comparar las dimensiones de las superficies marinas reservadas para todas las demás actividades, con aquellas que quedarían libres aptas para la acuicultura, es necesario denunciar que hay una desproporción inmensa que impedirá cumplir con la máxima original de proporcionar a la acuicultura aquellas áreas que les proporcionaría el mayor potencial ambiental y sanitario para resguardar la actividad, y además, hacerla perdurar en el tiempo y en equilibrio con el medioambiente. La acuicultura deberá adaptarse a sectores disponibles que no necesariamente serán los apropiados para el desarrollo sustentable de la industria, lo cual aparece como un absoluto retroceso.
Hago aquí un necesario paréntesis con un pensamiento relacionado. Recuerdo que fue la misma FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la que resaltó el hecho de que los cultivos acuáticos alimentarían al mundo con proteínas de calidad, pues ya la pesca extractiva no podría proveerlas debido a su agotamiento por sobre explotación. Todo el mundo concordó con la importancia en potenciar la llamada Revolución Azul; entre ellos también Chile. Sin embargo, hoy son los mismos caladeros de los sobre explotadores de recursos marinos los que condicionarían el desarrollo de la industria acuícola llamada a alimentar al planeta… Algo no me calza y otra vez se me viene a la mente Bombo Fica con su reflexión…
Sigamos avanzando. ¿Quién, cómo y en base a qué antecedentes se determinó la ubicación y tamaño de los caladeros que conocimos el 23 de mayo? Obviamente fue la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Subpesca, pero lo extraordinario es que se recurrió a registros y estadísticas que, principalmente el Instituto de Fomento Pesquero – IFOP- y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura – Sernapesca-, habían realizado para otros fines, en distintas épocas, con series de datos no siempre comparables entre ellas, y sobre recursos pesqueros pelágicos y bentónicos que hoy ya no presentan el mismo potencial ni futuro que cuando aquellos estudios fueron realizados. Es decir, en base a un “charquicán de información” se le impone una camisa de fuerza al desarrollo de la acuicultura en Chile, en beneficio de sectores que, teniendo obviamente el legítimo derecho a solicitar las áreas de las dimensiones que quieran y por las razones que sea, no tienen hoy la capacidad técnica, económica o de gestión que les permita potenciar el desarrollo que la industria de la acuicultura tiene en beneficio del sur austral de Chile.
El escenario descrito ha puesto un importante grado de incertidumbre respecto de la capacidad de crecimiento y del futuro de la actividad salmonicultora en particular, ya que se estima que la situación de movilidad de la industria se volverá cada vez más compleja y restringida debido a las escasas áreas que han dejado disponible los demás usuarios (o potenciales usuarios), los cuales podrían tener una cierta supremacía respecto de las futuras solicitudes de concesiones de acuicultura y caladeros de pesca, en desmedro de la acuicultura.
La reciente propuesta en consulta pública de la Subpesca podría afectar directamente a las solicitudes de concesiones acuícolas para la producción de salmónidos, así como el proceso de relocalización que se viene solicitando desde hace años.
Un verdadero salvavidas de plomo para la industria del salmón que se deberá contra argumentar con fuerza para resguardar el desarrollo futuro de la actividad y del sur austral de Chile.
Por Peter Child, BSc ; MT ; MSc Aquaculture.
Revista Mundo Acuícola
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