La Asociación de Industriales Pesqueros valoró la última acta de la sesión extraordinaria del Comité Científico Técnico (CCT) de Recursos Demersales de la Zona Centro Sur relativa al proyecto de ley que prohíbe la pesca de arrastre para la merluza común, lo que en la práctica replica los efectos de la Ley de la Jibia al excluir al sector industrial de su captura, obligando al cierre de plantas y barcos y la pérdida de varios cientos de empleos para el Biobío.

Reporte señala que la sobreexplotación de la merluza es causada por la pesca ilegal artesanal.

La Asociación de Industriales Pesqueros valoró la última acta de la sesión extraordinaria del Comité Científico Técnico (CCT) de Recursos Demersales de la Zona Centro Sur relativa al proyecto de ley que prohíbe la pesca de arrastre para la merluza común, lo que en la práctica replica los efectos de la Ley de la Jibia al excluir al sector industrial de su captura, obligando al cierre de plantas y barcos y la pérdida de varios cientos de empleos para el Biobío.

Al respecto, Macarena Cepeda Godoy, presidenta del gremio, señaló que es importante lo señalado por el CCT pues expresa textual que “el proyecto de ley que prohíbe el uso del arte de pesca de arrastre no cumple con el propósito de contribuir a la recuperación del recurso merluza común” y agrega que “la principal limitante para la recuperación de la merluza es el elevado nival de ilegalidad en la pesquería”. Pero además reconoce que existe “un avance progresivo en la implementación de mejoras en el arte de arrastre en selectividad en las capturas y reducción del descarte y la captura incidental”.

La presidenta de ASIPES explicó que los CCT son organismos asesores y/o de consulta de la Subsecretaría de Pesca en materias científicas relevantes para la administración de las pesquerías. Junto a ello destacó que el propio Comité Científico le solicita a la Subsecretaría informar de estas conclusiones al Parlamento y a la “comunidad nacional”. “Esto nos parece tremendamente valorable, pues en los diversos proyectos de ley que tramita el Congreso en temas pesqueros abundan aproximaciones erradas o derechamente falsedades, desconociendo los avances tecnológicos y buenas prácticas que se han incorporado en la última década”.

Macarena Cepeda dijo que su sector ha reiterado insistentemente que proyectos como la Ley de la Jibia y ahora de la Merluza, que se basan en argumentos políticos e ideológicos, sólo generan cesantía y pérdida de competitividad para la Región del Biobío. “Llamo a los parlamentarios de nuestra región a defender a todos quienes trabajamos en este sector y a impedir que diputados de otras regiones (principalmente Maule y Valparaíso) presenten proyectos de ley que afectan tan profundamente a miles de vecinos de comunas de la zona”, agregó.

La pesca ilegal no es subsistencia sino un negocio millonario

Actualmente la cuota global de merluza es de 37.270 toneladas, de las cuales 22.362 son industrial y 14.908 toneladas son del sector artesanal. Sin embargo, las estimaciones de diversas entidades públicas y ONG’s e incluso las actas públicas de Comité de Manejo de este recurso (donde concurren representantes de ambos sectores), señalan que la pesca ilegal y/o no reportada es mayor que la captura biológica global permisible para la pesquería completa. Es más, sólo la pesca ilegal de merluza en la Región del Maule es cinco veces la cuota total del sector artesanal en su conjunto, estimándose por sobre las 50.000 toneladas

Los cálculos más conservadores señalan que la pesca ilegal de merluza que copa los terminales pesqueros de la zona centro sur, ferias libres y venta callejera, les reporta a las mafias tras el ilícito ganancias superiores a los US$35 millones anuales. Estas utilidades, por cierto, no pagan impuestos y carecen de la más mínima trazabilidad sanitaria y tributaria.

La pesca ilegal está ahogando a los pescadores legales  

El millonario negocio de la pesca ilegal de merluza genera un efecto devastador entre los pescadores legales, que cumplen sus cuotas e intentan proteger el recurso. Ello porque no pueden competir con el “precio en playa” que presentan las mafias de la merluza que copan todo el mercado y manejan la cadena logística y los puntos de venta a lo largo de la zona central de Chile.

Una caja de 30 kg de merluza en playa debería costar sobre los $25.000, sin embargo, producto del sobre stock que generan las mafias con merluza fuera de cuota, estos precios se desploman a s $5.000, haciendo inviable la operación para los pescadores legales. Muchos de ellos, lamentablemente para poder sobrevivir, trasgreden las normas y terminan pescando más allá de su cuota para poder generar recursos suficientes.