La iniciativa contempla que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) haga recomendaciones para evitar abuso de posición dominante. (El Mercurio). El subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, defiende el proyecto y explica...

La iniciativa contempla que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) haga recomendaciones para evitar abuso de posición dominante. (El Mercurio).

El subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, defiende el proyecto y explica que es el primer paso para cumplir con la promesa de campaña del Presidente Sebastián Piñera. La ley se mejorará en «dos velocidades», asegura. Esta «ley corta», que entre otros puntos fija precios a las subastas y termina así con el impuesto específico para la industria o «royalty» pesquero. Y luego, una ley a más largo plazo, que recoge aspectos como la definición de pesca artesanal, y que planean enviar al Congreso a fin de año.

¿Cuáles es la razón de «la ley corta»? Atiende a la necesidad de despejar «cuál es el régimen que tendrá la industria una vez que venzan los 20 años de los que actualmente están gozando para ejercer su actividad extractiva».

¿No es factible fijar indemnizaciones para quienes tengan las licencias a 20 años, de modo de acortarlas y tener una solución en menor plazo? «No es factible. Queremos introducir un cambio lo antes posible, de acuerdo a lo que la ley permite. Y la ley no permite un cambio en el régimen si no hasta el vencimiento del período del que actualmente están gozando y antes que se produzca la renovación», responde.

Respecto de la opción de acortar a 10 años las actuales licencias, lo descarta de plano: «No existen dos opiniones en torno a que esa idea es inconstitucional, porque afecta el derecho de propiedad de la industria, que se encuentra garantizado por la Constitución. No podemos impulsar un proyecto inconstitucional que tendrá uno o dos años de discusión en el Congreso y que al cabo de su finalización puede caerse en el Tribunal Constitucional y dejar todo a fojas cero», afirma.

El subsecretario se muestra optimista respecto de que el proyecto aminore y acalle las críticas. «Establece un régimen de participación totalmente transparente, en 100% abierto a cualquier competidor del mercado, sin que exista el estigma que determinadas empresas puedan tener un derecho vitalicio a acceder a los recursos pesqueros sin un horizonte de fin en el tiempo», defiende.

-¿Cuál es su visión de la actual Ley de Pesca? ¿Fue un error que solo el 15% fuera licitable?

«Creo que la Ley de Pesca es una buena ley y así lo señala el informe de la FAO que encargó el gobierno anterior. Hasta antes de la Ley de Pesca, la determinación de las cuotas pesqueras era de resorte de la autoridad política. El efecto de eso era muy negativo, porque otorgaba mayores derechos pesqueros a aquellos que tenían mayor poder de presión. Se perdía la perspectiva de la sustentabilidad de los recursos. La Ley de Pesca establece un cambio total y una institucionalidad que se funda en dos entidades: los comités de manejo, integrados por funcionarios de la Subsecretaría de Pesca, pero también por miembros del mundo artesanal e industrial. Pero la determinación de las cuotas pesqueras está entregada a los comités científico- técnicos, que tienen por delante la sustentabilidad de los recursos y la preservación de la biomasa».

-¿Qué es lo mejorable de la ley?

«En la ‘ley corta’ estamos cambiando el sistema de licitación del 15% al 100%. En la perspectiva de corto plazo no pueden ser modificadas, pues ya se han realizado licitaciones del 15% en cuatro pesquerías y otorgan licencias transables de pesca de clase B por 20 años. Por tanto, no pueden existir respecto de las distintas pesquerías regímenes paralelos. Una vez que se vayan produciendo las licitaciones que se deben producir este año en el resto de las pesquerías -accedan a esos 20 años y esos 20 años se venzan-, todo se acopla al nuevo régimen que entregará licencias de pesca sin determinación de clase a través de una licitación del 100%».

En la «ley larga», dice Riquelme, se abordarán otros puntos pendientes, como definir qué es pesca artesanal, a solicitud de la FAO, y qué es lo que se denomina pesca semiindustrial. «Aquellos que se han denominado como semiindustriales por parte de la FAO son los que tiene embarcaciones entre 13 y 15 metros y capacidad de 80 toneladas. Esto hace que las embarcaciones tengan una estructura extraña para de algún modo extremar la posibilidad del bodegaje, lo que hace muchas veces que las embarcaciones tengan algún grado de inseguridad», afirma. La solución es permitir embarcaciones mayores a 15 metros, pero con esa capacidad de tonelaje (80 toneladas).

«No tenemos pensado realizar cambios en el régimen tributario de ellos, para que continúen tributando con el régimen artesanal. Hay que buscar una mixtura», señala.