La abogada Victoria Mart\u00ednez represent\u00f3 ante el Tribunal Constitucional (TC) a m\u00e1s de 60 mil pescadores artesanales en la causa Rol N\u00b0 17.443-2026-INA, iniciada por EMDEPES -filial del grupo japon\u00e9s NISSUIA Am\u00e9rica Latina S.A.- contra la Ley N\u00b0 21.752, normativa que redistribuye cuotas de captura entre los sectores industrial y artesanal.<\/p>\n
Durante la audiencia de admisibilidad realizada este martes 5 de mayo, la sala del TC escuch\u00f3 los alegatos respecto del requerimiento presentado por EMDEPES, que solicita la declaraci\u00f3n de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los art\u00edculos 1\u00b0, 2\u00b0 y 1\u00b0 transitorio de la Ley N\u00b0 21.752.<\/p>\n
En la instancia expusieron representantes de EMDEPES, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Aquality Limitada y CONDEPP A.G., esta \u00faltima en representaci\u00f3n del sector artesanal.<\/p>\n
Al t\u00e9rmino de la audiencia, la presidenta de la sala se\u00f1al\u00f3 que el tribunal podr\u00eda pronunciarse por la admisibilidad total, parcial o inadmisibilidad del requerimiento, precisando adem\u00e1s que el an\u00e1lisis no puede extenderse a una segunda gesti\u00f3n pendiente paralela tramitada ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.<\/p>\n
Respecto de la posici\u00f3n de CONDEPP, la abogada Victoria Mart\u00ednez sostuvo ante el TC que existen causales de inadmisibilidad, argumentando que el requerimiento impugna normas legales en t\u00e9rminos gen\u00e9ricos y que la invocaci\u00f3n del Tratado Chile-Jap\u00f3n corresponde a un conflicto de legalidad y no de constitucionalidad.<\/p>\n
Sin embargo, de manera subsidiaria, la organizaci\u00f3n solicit\u00f3 que el requerimiento sea declarado admisible para defender en el fondo la constitucionalidad de la Ley N\u00b0 21.752, estimando que los argumentos de la requirente no resisten un an\u00e1lisis de m\u00e9rito y que un pronunciamiento de fondo otorgar\u00eda mayor certeza jur\u00eddica respecto de la validez constitucional del nuevo fraccionamiento.<\/p>\n
\u201cLos preceptos impugnados son constitucionales. La Ley N\u00b0 21.752 es una pol\u00edtica regulatoria leg\u00edtima que redistribuye el acceso a un recurso natural de uso p\u00fablico. Las autorizaciones de pesca no confieren derechos de propiedad sobre ese recurso; el Estado conserva plenas potestades para regular su aprovechamiento en funci\u00f3n del inter\u00e9s general\u201d, afirm\u00f3 Mart\u00ednez.<\/p>\n
La abogada respald\u00f3 adem\u00e1s su exposici\u00f3n en jurisprudencia previa del propio Tribunal Constitucional, particularmente en el denominado \u201cCaso Jibia\u201d (Rol N\u00b0 8614\/2020), que estableci\u00f3 que la actividad pesquera opera bajo un r\u00e9gimen de alto riesgo regulatorio y que no existe derecho de propiedad respecto de la mantenci\u00f3n de normas legales.<\/p>\n
Seg\u00fan los antecedentes del requerimiento, EMDEPES es titular de Licencias Transables de Pesca (LTP) para las pesquer\u00edas de merluza del sur y congrio dorado en las regiones de Los Lagos, Ays\u00e9n y Magallanes. La empresa sostiene que la Ley N\u00b0 21.752 redujo su cuota de captura de manera equivalente a una expropiaci\u00f3n, vulnerando garant\u00edas constitucionales relacionadas con el derecho de propiedad, la igualdad ante las cargas p\u00fablicas y la esencia del derecho.<\/p>\n
Asimismo, la compa\u00f1\u00eda invoca el cap\u00edtulo de inversiones del Tratado Chile-Jap\u00f3n de 2007. La gesti\u00f3n pendiente corresponde a un recurso de apelaci\u00f3n ante la Corte Suprema contra los decretos N\u00b0 272 y N\u00b0 273 de diciembre de 2025, que fijaron las cuotas globales de captura para 2026 en base a la nueva ley.<\/p>\n
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado -organismo que defiende la ley en las distintas acciones judiciales en curso- argument\u00f3 que las normas impugnadas no son determinantes para resolver el recurso de protecci\u00f3n, debido a que existen otras disposiciones no cuestionadas que tambi\u00e9n regulan el contenido de las LTP. Adem\u00e1s, sostuvo que una eventual inaplicabilidad no podr\u00eda \u201crevivir\u201d la Ley N\u00b0 20.657, actualmente derogada.<\/p>\n
La Ley N\u00b0 21.752 fue aprobada en el Congreso con 122 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones en la C\u00e1mara de Diputados, y con 38 votos a favor y 1 en contra en el Senado. La normativa entr\u00f3 en vigencia en 2026 y, seg\u00fan CONDEPP, constituye el principal avance legislativo del sector artesanal en la \u00faltima d\u00e9cada.<\/p>\n
La ley modifica el esquema de fraccionamiento establecido por la Ley N\u00b0 20.657, conocida como Ley Longueira, que destinaba el 70% de las cuotas globales al sector industrial.<\/p>\n
\u201cCONDEPP representa a m\u00e1s de 60.000 pescadores artesanales y sus familias. Concurrimos a este proceso porque tenemos confianza en la solidez constitucional de la ley y porque es nuestro deber estar presentes en todos los espacios donde se decida su vigencia\u201d, se\u00f1al\u00f3 Hern\u00e1n Cort\u00e9s Bernal, presidente de CONDEPP.<\/p>\n
El Tribunal Constitucional quedar\u00e1 en condiciones de resolver sobre la admisibilidad del requerimiento durante los pr\u00f3ximos d\u00edas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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