“Los $150.000 ofertados para 20.000 pescadores artesanales no es un aporte en efectivo, sino que es un apoyo en capacitación”, expresó Hernán Cortés, presidente del Consejo de Defensa del Patrimonio...

“Los $150.000 ofertados para 20.000 pescadores artesanales no es un aporte en efectivo, sino que es un apoyo en capacitación”, expresó Hernán Cortés, presidente del Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero.

La agenda de apoyo al sector de la pesca artesanal anunciado por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, es, como dice su nombre, una agenda y no un aporte directo al sector de la pesca artesanal para apoyarlos en esta crisis a raíz de la pandemia del COVID-19.

Así lo indicó Hernán Cortés, presidente de CONDEPP, Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero, que agrupa a más de 60.000 pescadores: “La agenda es una burla y esconde algo raro. Los $150.000 ofertados para 20.000 pescadores artesanales no es un aporte en efectivo, sino que es un apoyo en capacitación”, precisó.

En total, el subsecretario de Pesca señaló que la agenda de apoyo suma $3.500 millones, de los cuales $3.000 millones irán a capacitación. “Es legítimo tener dudas del destino de estos dineros. “¿Quiénes serán los amigos del gobierno que recibirán $3.000 millones de pesos por realizar esta capacitación?”, se cuestionó Cortés.

Según el anuncio, los restantes $500 millones irán a trajes para algueras, aumento del registro de captura de reineta, un plan piloto para traslado y entrega de la pesca y la suspensión de informes de seguimiento. Quedan fuera del beneficio las mujeres ahumadoras, algueras y encarnadoras, todas partes de la cadena productiva.

“Estos programas ya estaban en marcha y lo que han hecho en el gobierno es empaquetarlos como si fueran un apoyo a la crisis. De la naturaleza de cada uno de ellos se ve claramente que no constituyen apoyo alguno para superar la crisis”, acotó Hernán Cortés.

El presidente de CONDEPP finalizó reflexionando sobre el marco jurídico que los rige: “Hoy los pescadores artesanales estamos pagando los costos de la corrupción política que favoreció y que sigue favoreciendo a los industriales pesqueros” e hizo un llamado al gobierno y a los parlamentarios a avanzar decididamente en el proyecto de ley que anula la Ley de Pesca y Acuicultura vigente desde el año 2012 para que una nueva ley incluya un nuevo fraccionamiento y plataforma social para los trabajadores del mar.