Sonapesca, el mayor gremio del rubro, cuestionó las modificaciones y acusó que se afectan los derechos históricos de sus asociados. La iniciativa del Ejecutivo también contiene disposiciones para reforzar el...
Sonapesca, el mayor gremio del rubro, cuestionó las modificaciones y acusó que se afectan los derechos históricos de sus asociados. La iniciativa del Ejecutivo también contiene disposiciones para reforzar el combate contra las capturas ilegales (El Mercurio).
Un proyecto de ley «corta» que modifica las licencias transables de pesca y aborda el combate de la captura ilegal envió el Gobierno al Congreso. Así consta en el Mensaje N° 16-366, texto de 15 páginas firmado -con fecha del 2 de mayo de 2018- por el Presidente Sebastián Piñera, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el titular de Economía, José Ramón Valente.
La iniciativa legal termina con las licencias clase A o B y señala que los nuevos permisos que resulten de licitaciones serán por 20 años, y no se renovarán por periodo alguno.
Bajo la actual ley, los derechos de pesca Clase A son a 20 años y renovables. A la vez, una cuota del 15% de la fracción industrial se puede licitar cada año, originando licencias B.
El texto enviado por el Ejecutivo al Senado señala que «las nuevas licencias no tienen indicación de clase, ya que se originan en su totalidad en subastas. Se otorgan por una duración de 20 años, sin renovación».
Agrega que «en las normas transitorias se regula que al término de la vigencia original de las licencias transables de pesca Clase A otorgadas conforme a lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio de la Ley N°20.657, se realizarán subastas de conformidad con el procedimiento establecido en el nuevo artículo 27, eliminándose de tal forma la posibilidad de renovación».
El documento señala que el objetivo de estos cambios es permitir la entrada de nuevos actores al sector, estimular la expansión de los que tienen un menor tamaño y que se «refleje el costo de oportunidad del uso de un recurso escaso por y de alta valoración social por parte de unos pocos privilegiados».
Respecto de la pesca ilegal, el proyecto comenta que ante la alta demanda por productos del mar, flotas pesqueras del mundo buscan recursos en áreas distantes a sus aguas jurisdiccionales, «empleando en algunas oportunidades estrategias que transgreden las normativas».
La iniciativa propone «reconocer expresamente la obligación del Estado de prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal». Se incorpora como causal de rechazo ante una solicitud de autorización de pesca «la circunstancia de encontrarse en listas de pesca ilegal».
Osciel Velásquez, presidente de Sonapesca -la mayor asociación gremial del sector-, sostuvo que los cambios propuestos por el Gobierno «afectan los derechos históricos de nuestros asociados, por lo que analizaremos todas las vías disponibles para resguardar esta posición. Sostenemos que modificar la duración de las actuales licencias transables de pesca genera una expropiación con implicancias complejas».
Velásquez añadió que las modificaciones generan incertidumbre, afectando las inversiones del rubro.
