El especialista normativo expuso durante un taller en Puerto Varas que se enmarca dentro del programa de actualización ambiental que la empresa Aquagestión realiza en tres regiones del país durante...
El especialista normativo expuso durante un taller en Puerto Varas que se enmarca dentro del programa de actualización ambiental que la empresa Aquagestión realiza en tres regiones del país durante el presente mes de marzo (Mundo Acuícola).
El abogado de la Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho Ambiental-Administrativo y Master in Laws in International Environmental Law-MLS, The Washington College of Law of the American University, Jorge Luis Varela, realizó una exposición como parte del ciclo de talleres de actualización ambiental “Problemas y soluciones en el cumplimiento de normativa ambiental”, organizado por la empresa Aquagestión.
El objetivo del taller fue entregar herramientas y recomendaciones aplicables a las empresas, con respecto a los estándares exigidos por la autoridad medioambiental, las que les permitirán analizar situaciones complejas, adecuar sus sistemas a las nuevas exigencias y de esta manera evitar sanciones.
Sobrerregulación
En su intervención, el Dr. Varela destacó el caso de la industria acuícola y salmonicultura en Chile, actividad que pasó en pocos años de una falta de regulación a una sobrerregulación. Especialmente luego de la crisis del virus ISA. “Esta área productiva ha experimentado lo peor que puede ocurrir en cuanto a la evolución normativa de una industria, que es pasar desde la desregulación a la sobrerregulación. La desregulación pre virus ISA significó no tener normativa y la sobrerregulación significa estar saturado de normativa con competencias de organismos sobrepuestos y de competencias sobrepuestas que tratan de resolver un solo problema desde distintos ángulos”.
El experto añadió que muchos países han estudiado los efectos de la sobrerregulación como uno de los peores problemas y más paralizantes de una industria. “Hay una relación inversamente proporcional, de acuerdo con el derecho internacional, donde las empresas con más normativa y legislación aplicable, tiende a un mayor grado a alusión, es decir, un mayor grado a eludir la norma”.
Agregó que Chile es un país con tendencia a elaborar leyes y de ratificación “compulsiva” de tratados internacionales.
“Creemos que las leyes solucionan los problemas (…) como si los problemas naturales puedan ser solucionados a través de una norma y confiamos ilimitadamente en la ley, ¿y cuál es la causa de la mayor cantidad de problemas que tenemos hoy en cumplimiento normativo?, es que la Cancillería históricamente ha tomado todos los tratados y pactos que existen en el mundo y los ha negociado y ratificado. No hay un solo tratado ambiental o de cualquier otra naturaleza que nosotros no hayamos firmado”, comentó el experto en Derecho Público-Ambiental.
A juicio de Varela, por eso se presentan problemas en cumplimiento normativo, ya que los países que no firman tratados y que los estudian durante décadas son lo que menos problemas tienen.
Criticidad
No obstante, también instó a que las empresas deben acercarse a la autoridad y no mantener una distancia con los entes reguladores. Esto en referencia a que hay que golpearles la puerta y plantear -en forma adecuada- por quien corresponde, de la manera que corresponde y en el momento que corresponde algunas modalidades de cumplimiento alternativo de la norma, cuando esta no se pueda cumplir ante un motivo de fuerza mayor. Tanto individual como general y que esté amparada bajo un decreto publicado en el Diario Oficial.
En este contexto, Varela comentó que el asesor normativo o el Departamento Normativo de las empresas tendría que tener instrumentos de gestión normativa preventiva. Para detectar lo que pueda constituir un potencial incumplimiento normativo con consecuencias jurídicas determinadas. “Cada caso de problema futuro, de los cuales hay muchos por categorizar de acuerdo con la criticidad, en base a la mayor cantidad de riesgo normativo según el sancionatorio potencial”.
“Los especialistas normativos distinguimos entre lo ambiental y lo sectorial, en base a la sanción, donde las ambientales son las más altas. Esto determina la criticidad en la urgencia de preocuparse de los problemas ambientales, porque son las únicas sanciones expresadas en Unidades Tributarias Anuales (UTA, $567.612) y no mensuales. Todo el resto del sistema sectorial como infracciones al Código Sanitario, Código de Aguas, al SAG, la Conaf tienen sanciones expresadas en Unidades Tributarias Mensuales (UTM, $47.301)”, recordó el Dr. Varela.
Las sanciones del sistema sectorial van desde undécimo a mil UTM, mientras que las sanciones ambientales pueden alcanzar hasta las 10 mil UTA, según la Ley Nº20.417 Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
Desde Aquagestión destacaron que es de vital importancia aportar valor a las industrias en las regiones donde tienen presencia, a través de talleres de actualización de alto impacto y expositores de vasta experiencia y reconocimiento para, de esta manera, apoyar y asesorar a sus clientes en su mejora continua.
Para mayor información y reserva de los próximos talleres contactar a: ximena.novoa@abbott.com; o a los teléfonos: 56 65 2206331 – 56 9 74981229.
