Camanchaca demanda al Estado por vulneración grave de derechos pesqueros

Camanchaca S.A. informa que el pasado 31 de enero presentó una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile, ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, por los daños ocasionados por la modificación anticipada del régimen de fraccionamiento pesquero introducida por la Ley N°21.752. Dicha norma vulneró derechos patrimoniales adquiridos por la compañía y afectó gravemente la seguridad jurídica del sector.

Durante más de una década, el Estado de Chile diseñó, ofreció y consolidó un sistema de administración pesquera basado en licencias transables de pesca, garantizando explícitamente un determinado fraccionamiento de cuotas entre los sectores industrial y artesanal hasta, al menos, el año 2032, y luego una renovación mediante un tratamiento ecuánime conforme al desarrollo del sector. Este régimen, consagrado en la Ley N°20.657 de 2012, fue fruto de un amplio acuerdo sectorial previo al trámite legislativo y permitió ordenar la actividad, recuperar pesquerías y generar certezas para invertir.

“El Estado ofreció reglas claras, por un plazo definido y renovable, y Camanchaca tomó decisiones profundas y costosas confiando en esa palabra empeñada en la ley. Cuando esa promesa se rompe unilateralmente antes de tiempo, no solo se afecta a una empresa, sino que se daña la confianza en el país como un todo”, señaló el gerente general de Camanchaca, Ricardo García.

Camanchaca aceptó voluntariamente en 2013 el nuevo régimen sobre la base del fraccionamiento ofrecido, renunciando a autorizaciones indefinidas de larga data, asumiendo una reducción inicial de sus derechos, pagando un elevado royalty y realizando inversiones de largo plazo por decenas de millones de dólares, orientadas al consumo humano, la innovación y el empleo regional, decisiones adoptadas bajo una legítima expectativa de estabilidad regulatoria.

Sin embargo, la Ley N°21.752 de 2025 modificó ese fraccionamiento siete años antes de su vencimiento y renovación, reduciendo de forma inmediata y permanente la participación del sector industrial, sin fundamentos técnicos, científicos ni de sustentabilidad, y mermando desde ya las posibilidades de desarrollo futuro. Ello resulta especialmente grave en el caso del jurel, una pesquería severamente afectada antes de la ley de 2012 y que se ha recuperado precisamente gracias al régimen anterior.

“Esta no es una discusión ideológica ni un conflicto entre sectores. Es una cuestión de respeto a derechos adquiridos y a un sistema que funcionó, recuperó recursos y permitió invertir con responsabilidad. En último término, es una cuestión de justicia: cuando el Estado expropia, la ley y la Constitución lo obligan a indemnizar; no hacerlo es ilegal”, enfatizó García.

Camanchaca indicó que expuso estos argumentos durante la tramitación de la ley, sin ser considerada por el actual gobierno, razón por la cual esta acción judicial confirma la coherencia y fundamento de su posición.

Afectación

El daño productivo y económico de este cambio de las reglas es muy concreto: solo en 2026 y con las cuotas ya definidas, la empresa enfrenta una reducción aproximada de 33 mil toneladas de jurel. Considerando este efecto y el de años venideros y sobre la base de un análisis económico-financiero riguroso, el perjuicio —y la indemnización solicitada— asciende a $90 mil millones.

“Defender nuestros derechos no es defender privilegios; es defender el patrimonio legítimo de nuestros accionistas, la certeza jurídica con la que invertimos, el empleo de miles de trabajadores y la posibilidad de seguir produciendo alimentos de calidad para Chile y el mundo”, agregó el gerente general.

Camanchaca reafirma su compromiso con la sustentabilidad, el diálogo y el desarrollo del país, junto con la defensa firme y responsable de los principios que permiten que Chile sea un país confiable para invertir, producir y generar empleo de largo plazo.