Luego que la Fiscalía Nacional Económica acusó a cuatro productoras de alimentos para salmón de mantener un acuerdo para fijar sus precios de venta, el académico de la Facultad de...
Luego que la Fiscalía Nacional Económica acusó a cuatro productoras de alimentos para salmón de mantener un acuerdo para fijar sus precios de venta, el académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Francisco Castañeda, señaló que es necesario reforzar los organismos encargados de fiscalizar y aumentar la sanción social de los propios gremios ante este tipo de casos. De todos modos, se manifestó “optimista” ante los avances alcanzados en los últimos años (Mundo Acuícola-USACh).
Tras la denuncia presentada por la Fiscalía Nacional Económica acusando a cuatro productoras de alimentos para salmón de «mantener un acuerdo para fijar los precios de venta” entre los años 2003 y 2015, el académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Francisco Castañeda, hizo un llamado a fortalecer los organismos encargados de fiscalizar este tipo de prácticas.
“En mercados concentrados, con pocos actores, como es el caso de la industria de los salmones se posibilita que exista coordinación en los precios, con todos los efectos negativos que esto conlleva respecto a lo que debería ser una economía de mercado”, señaló Castañeda.
El académico agregó que “si la economía es concentrada, los organismos fiscalizadores requieren más recursos del Estado para asegurar su independencia y articular una conducta de largo plazo, en términos de convertirse en los sheriff del mercado”.
En efecto, las empresas denunciadas son las únicas que comercializan alimentos para salmones en Chile, por lo que sus clientes habrían estado limitados a pagar un costo más alto en el producto.
El economista advirtió, además, que, si bien él no es especialista en materia legal, “se deben aplicar las máximas penas posibles, incluso con cárcel, porque el costo para la sociedad es muy grande y cualquier multa no compensa el daño causado”.
En el plano de la autorregulación, el experto sostuvo que los propios gremios empresariales debiesen revisar sus prácticas. “Si uno analiza la cantidad de mercados que han estado involucrados en colusiones, coordinaciones y concertaciones de precios, ya hay mucha casuística. Esto no sería un hecho aislado”, expresó.
En otro aspecto, agregó que la “sanción social” que debe haber por parte de los gremios, actores intermediarios y ciudadanía, “tiene que ser muy drástica”.
Con todo, Francisco Castañeda valoró los avances alcanzados por la institucionalidad fiscalizadora en torno a los casos de colusión. “Si uno ve la cantidad de casos que se han descubierto en los últimos cinco años, es un número bastante importante. Yo soy optimista”, puntualizó el economista.
