En la norma se establecen sanciones altas a la falta de acreditación de origen legal de los recursos pesqueros, resultando los pequeños pescadores los más afectados y expuestos, al no...
En la norma se establecen sanciones altas a la falta de acreditación de origen legal de los recursos pesqueros, resultando los pequeños pescadores los más afectados y expuestos, al no contar con los medios, ni la cultura de resguardo de documentación. (Mundo Acuícola).
Los pescadores locales, junto a Fedepes Biobío, manifestaron una profunda preocupación por este proyecto de ley, que se discute conteniendo delitos junto a penas y sanciones de cárcel para quienes capturen especies sin acreditar su origen legalmente, afectando así a la pesca de subsistencia y a los pequeños pescadores. Por otro lado, muchas caletas aún no son informadas con claridad del proyecto de ley, hoy desconocido por muchos pescadores.
Dirigentes de la pesca artesanal de diferentes regiones del país y una importante representación local desde la Federación de Pescadores Artesanales del Biobío, Fedepes Biobío, estuvo presente ayer en una nueva sesión de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, donde se discutiría el proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca.
Aquella presencia respondió a la preocupación con la que los pescadores artesanales observan el proyecto, ya que no responde a sus necesidades, ni tampoco respeta la cultura histórica del sector.
Por otro lado, no es de conocimiento pleno por parte de todos los pescadores ni dirigentes, pues no se construyó en consenso con todas las organizaciones de pescadores artesanales. Pero, sin duda la principal preocupación corresponde a la tipificación de diversos delitos dentro de la norma, lo que implicaría penas de cárcel para los pescadores artesanales, solo por realizar su labor tal como lo han hecho hace años.
“El proyecto crea esta nueva figura que nos parece peligrosa. Porque en este proyecto no está salvaguardada la pesca de subsistencia, la pesca ancestral, la actividad consuetudinaria de los pueblos originarios, por tanto, todo es preocupante”, sostuvo al respecto Sara Garrido, vocera de Fedepes y secretaria Nacional de Conapach.
De hecho, en la norma se establecen sanciones altas a la falta de acreditación de origen legal de los recursos pesqueros, resultando los pequeños pescadores los más afectados y expuestos, al no contar con los medios, ni la cultura de resguardo de documentación. De este modo, si ellos no logran acreditar el origen legal de un recurso en plena explotación, arriesgan dos multas conjuntas, siendo la primera de ellas aplicable en todo momento, e incluso puede superar los $94 millones de pesos.
La segunda sanción es variable, sobre todo si se trata de recursos declarados por el gobierno como colapsado o sobreexplotado, como la merluza común. Por tanto, si un pescador de costumbre, realiza extracción de este recurso para consumo propio y es sorprendido con ella sin lograr acreditación legal de origen, y sin atender tampoco a la cantidad de recurso involucrada, comete delito con pena privativa de libertad que va desde los 541 días a 5 años de presidio. Afecta así no sólo a su subsistencia, sino a toda una cadena de producción, hacia quienes procesan el producto, hacia quienes lo secan para la tradicional pescada seca, e incluso a quienes lo comercializan.
Para Garrido, es indispensable revisar la proporcionalidad de las penas, porque muchas de ellas serán impagables para los pescadores. Por otro lado, manifestó que es fundamental que los pescadores conozcan las sanciones a las que se podrían exponer, antes de tramitar completamente la ley. Desde su visión, el proyecto de ley no resuelve la problemática de interés para el gobierno, que actualmente es la pesca no regulada, haciéndola pasar hoy como pesca ilegal, cuando se trata, nada más y nada menos, que de una práctica y oficio tradicional en las caletas.
“Tememos que hoy, por sacar un proyecto adelante, mejorar el servicio y aumentar la dotación de funcionarios, vayamos hoy día a cometer errores e implementar un proyecto que claramente irá en prejuicio del sector artesanal. El gobierno tiene que revisar esto, porque este es un proyecto del gobierno anterior, que se dijo que tenía graves errores, y por sobre todo tiene una gran desinformación y desconocimiento por parte de los pescadores. Al gobierno actual le tocará implementarlo, y no quisiéramos ver que este gobierno aplique la norma sin considerar que muchos de los pescadores irán presos, porque este proyecto tiene cárcel para los pescadores y para todos aquellos que no puedan acreditar origen legal del recurso”, aclaró la dirigenta.
“Entonces cuando hablamos de aplicar una ley, antes de tramitarla por completo, hay que ver el impacto que esta tendrá. Hay que ver el problema de fondo, que es la pesca informal, no regulada y no reglamentada, la que incluso es reconocida por la FAO. Y se cree que la única forma de solucionarlo es aplicar nuevas sanciones y tipificar esto como delito. Pero no es la forma de enfrentar este problema ni tampoco la escasez pesquera”, concluyó la representante.
El proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca, quedó pendiente para su discusión en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, donde será revisado la semana entrante. El proyecto está actualmente en tercer trámite constitucional.
