
Ante la moción parlamentaria que plantea establecer un cobro obligatorio de 1 dólar por tonelada transferida en terminales marítimos que deberían pagar las navieras, Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (CAMPORT) advirtió sobre los impactos negativos que esta medida tendría para la economía nacional y las regiones portuarias.
“Cualquier nuevo cobro afectaría la competitividad de las exportaciones e importaciones de las regiones donde se encuentran los puertos y de nuestro país”, declaró el presidente de CAMPORT.
Fernández recordó que ya existe la Tarifa por Uso de Puerto (TUP) que durante más de 20 años han pagado las líneas navieras, período en el cual los puertos estatales han recaudado cerca de US $800 millones, sin que haya existido transparencia ni rendición sobre cómo se calcula esta tarifa ni sobre el destino de los recursos recaudados. “Antes de imponer nuevos impuestos, lo más apropiado sería hacer una revisión profunda y transparentar los fondos que se recaudan por la TUP vigente y su destino.”
Adicionalmente, señaló que bajo el sistema de concesiones los puertos estatales cobran un canon de arrendamiento a los concesionarios por el uso de las instalaciones.
El presidente de CAMPORT subrayó también que la actividad marítima y portuaria es un motor fundamental para las economías locales, generando empleo y dinamizando los servicios locales y regionales vinculados a los puertos.
“En muchas ciudades los puertos son la principal actividad económica y debemos fortalecerla, no debilitarla. De aprobarse esta moción, este nuevo impuesto al comercio exterior de Chile impactaría directamente a las empresas exportadoras y al empleo local.”
Finalmente, hizo un llamado a enfocar los esfuerzos en mejorar la infraestructura y los accesos a los puertos y recuperar el tercer turno (nocturno) de camiones en la zona central, en lugar de crear nuevos impuestos.
“Si hay una necesidad real en las comunas puerto es invertir en accesos viales y ferroviarios que descongestionen la vialidad en las ciudades y optimicen la cadena logística, más que imponer nuevos impuestos a una actividad que beneficia a las ciudades portuarias y a la economía regional.”



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