El proyecto que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales pretende agilizar la entrega de permisos no ambientales a la inversión.
A su tercer trámite fue despachado el proyecto que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones a diversas leyes que pretende agilizar la entrega de permisos no ambientales a la inversión.
Esto, luego que la Sala terminara de sancionar más de veinte de votaciones separadas solicitadas por las y los senadores. Cabe recordar que, en la sesión del 11 de junio, el Senado ya había aprobado en general la norma iniciada en mensaje y había comenzado la revisión de las indicaciones.
En concreto, el mensaje -conocido como proyecto de permisología-, busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de 380 permisos sectoriales pertenecientes a 37 servicios y a 16 ministerios. La iniciativa apuesta por una simplificación y modernización de los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios vigentes.
En el debate se abordaron diversos tópicos relacionados con la simplificación de permisos de sectores como la agricultura, la viabilidad, el desarrollo indígena, lo medioambiental y lo pesquero. También se analizaron instrumentos y procedimientos que prioriza la norma y sus consecuencias prácticas.
Proyecto
El proyecto -que fue revisado por las comisiones de Economía y Hacienda– tiene por objeto proporcionar un marco general que vele por el cumplimiento, estandarice y coordine las formas establecidas para la válida actuación de los órganos de la Administración del Estado con competencia para habilitar proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias, y otorgar mayor certeza a titulares y personas que desarrollen dichas actividades, así como a la ciudadanía en general.
Asimismo, promueve el desarrollo de la productividad, crecimiento e inversión a través de la creación de mecanismos para la modernización de las autorizaciones y para el progresivo tránsito hacia una regulación estandarizada y simplificada para la habilitación de proyectos o actividades que resguarden adecuadamente los derechos de las personas solicitantes por medio de normas que definan el proceder de los órganos de la Administración del Estado para su actuación válida y pronta, la que tendrá en consideración los riesgos asociados, dará mayor certeza jurídica y aumentará la transparencia de los procedimientos.
Votaciones separadas
En cuanto al “principio de previsibilidad”, se registró un extenso debate en el que intervinieron los senadores Alfonso De Urresti, Yasna Provoste, Rojo Edwards, Alejandra Sepúlveda, David Sandoval y Francisco Chahuán, quienes confrontaron posiciones acerca del riesgo que generaría una aplicación estricta de los requisitos de los permisos. También el senador De Urresti aseguró que “el proyecto sí afecta la institucionalidad ambiental porque solo la resolución de calificación ambiental queda fuera, pero todos demás permisos ambientales sí quedan sujetos”.
Con todo se aprobó dicho principio como también el “principio de proporcionalidad” que establece que los órganos sectoriales velarán por que las limitaciones para la habilitación de proyectos, se adecúen al objetivo y riesgo involucrado, evitando la imposición de exigencias y cargas innecesarias para el correcto resguardo de los respectivos objetos de protección”.
Luego diversas votaciones separadas, las y los senadores terminaron por aprobar que la habilitación de proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias se realizará, por regla general, mediante técnicas habilitantes alternativas (avisos y declaraciones juradas), sin exigir la dictación de un acto administrativo.
Silencio administrativo
En cuanto al silencio administrativo respecto a la presentación de informes y el silencio administrativo positivo general, los senadores Yasna Provoste, Alfonso De Urresti, Daniel Núñez, Claudia Pascual y Alejandra Sepúlveda hicieron ver lo peligroso que puede resultar que los órganos no se pronuncien cuando se está solicitando un permiso porque “asumir el silencio como aprobación genera efectos jurídicos perjudiciales”. En contraposición, se describió que “la no respuesta, es respuesta”, idea que fue respaldada por la Sala.
A su vez, se respaldaron normas relacionadas con la multa que se cursará a los jefes de servicios de órganos que retrasen el cumplimiento de plazos, la externalización de apoyos a las entidades sectoriales, los criterios de evaluación de las autorizaciones, la tramitación ágil de iniciativas de inversión estratégicas y el trámite de los sistemas de reutilización de aguas grises.
Gran parte del debate se centró en la rebaja de los plazos de los permisos a obras relacionadas con el Código de Aguas cuando éstas tienen bajo riesgo, en particular respecto a trámites duplicados y el uso de las notificaciones juradas en vez de las autorizaciones expresas. Así se aprobaron dos indicaciones de los senadores Rafael Prohens y Gustavo Sanhueza, acerca de las autorizaciones referidas a la construcción de embalses dentro y fuera de cauces naturales y la información que deberá entregar su propietario a la Dirección General de Aguas (DGA).