Abren consulta pública del reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Con fecha 20 de febrero de 2026, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta N°730/2026, que aprueba el anteproyecto del Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Este avance normativo se inscribe en el proceso de implementación de la Ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), nueva institucionalidad que tiene como objetivo la conservación de la biodiversidad dentro del territorio.

El reglamento establece el marco procedimental y operativo que regirá al SNAP, incluyendo las reglas para la creación, modificación y desafectación de áreas protegidas, tanto estatales como privadas. Su entrada en vigencia quedará supeditada al inicio formal de operaciones del Sistema Nacional de Áreas Protegidas bajo el SBAP.

Disposiciones

Entre los principales contenidos del anteproyecto se encuentra la regulación del procedimiento aplicable a las áreas protegidas del Estado, el cual podrá iniciarse de oficio por el SBAP, a requerimiento del Ministerio del Medio Ambiente o a solicitud de terceros. Este proceso contempla etapas de admisibilidad, recopilación de antecedentes técnicos, participación ciudadana, consulta indígena cuando corresponda y coordinación con organismos sectoriales, culminando con una decisión formal mediante decreto supremo.

Asimismo, el reglamento establece la obligación de que toda área protegida cuente con un plan de manejo, el cual deberá ser elaborado dentro de un plazo máximo de dos años desde su creación. Estos instrumentos deberán someterse a participación ciudadana y, cuando proceda, a procesos de consulta indígena, dado su rol central en la definición de usos permitidos, restricciones y criterios de gestión dentro de cada área.

El texto también regula la creación voluntaria de áreas protegidas privadas. A ello se suma la regulación de los Comités Consultivos Regionales, concebidos como instancias de apoyo a la gestión del SNAP y de articulación con la planificación territorial.

En materia de impugnaciones, el anteproyecto precisa que los decretos supremos que creen, modifiquen o desafecten áreas protegidas del Estado podrán ser reclamados ante el Tribunal Ambiental competente, conforme a lo dispuesto en el Título V de la Ley N°21.600. Un régimen similar se aplica a las resoluciones que aprueban planes de manejo y a los decretos relativos a áreas protegidas privadas.

Consulta pública y relevancia territorial

El anteproyecto de reglamento fue sometido a un proceso de consulta pública por un plazo de 30 días hábiles, contados desde su publicación en el Diario Oficial, lo que fija como fecha límite el 6 de abril de 2026. Este proceso resulta particularmente relevante para titulares de proyectos, propietarios de predios con valor ecológico y actores productivos emplazados en territorios con presencia o proyección de áreas protegidas, dado que el reglamento definirá las cargas, restricciones y eventuales beneficios asociados a la conservación bajo la nueva institucionalidad del SBAP.

Desde la Región de Magallanes, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, subrayó la importancia de este proceso, destacando que, si bien puede percibirse como un tema técnico, su impacto será estructural.

Odebret puso especial énfasis en el rol de los planes de manejo como instrumentos clave de implementación. “Este reglamento no solo regula la creación o modificación de áreas protegidas. También establece cómo se elaboran los planes de manejo, que son los instrumentos que en la práctica determinan qué se puede hacer, dónde y bajo qué condiciones”, afirmó.

En esa línea, advirtió que la calidad de estos instrumentos será determinante para la certeza jurídica y la gobernanza territorial. “Un buen plan de manejo entrega claridad. Uno mal diseñado genera incertidumbre, tensiones y, muchas veces, judicialización”, sostuvo.

«Creo que es importante entender que conservación y desarrollo no son caminos opuestos. La Patagonia necesita proteger su patrimonio natural, pero también necesita oportunidades sociales y económicas para sus habitantes», indicó.