Investigadoras Doris Soto (INCAR) y Judith Schönsteiner (Universidad Diego Portales) expusieron informes sobre condiciones ambientales y derechos humanos de la acuicultura en Comisión del Senado.
Ayer lunes 27 de septiembre, en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, se presentaron informes sobre las condiciones ambientales y derechos humanos de la acuicultura, con las exposiciones de la Investigadora Senior del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola (INCAR), Doctora Doris Soto y a la Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Doctora Judith Schönsteiner.
Una nueva sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales se realizó ayer lunes 27 de septiembre en el Senado, instancia en la que se invitó a las investigadoras Doris Soto (INCAR) y Judith Schönsteiner (Universidad Diego Portales) a exponer sus principales aportes y puntos de vista para el desarrollo de una acuicultura sostenible y acorde a los estándares internacionales en materia medioambiental y de derechos humanos.
En el caso de Investigadora Senior del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, se refirió a las propuestas que ha venido desarrollando INCAR para generar indicaciones de capacidad de carga basadas en análisis de riesgo y otras variables biológicas y oceanográficas.
«La industria del salmón tiene un aporte al empleo que es notable, y en la región de Los Lagos existe una alta dependencia directa e indirecta de este rubro, con oportunidades para las mujeres que no hay en otras industrias y manteniéndose durante la pandemia. idea es que la industria sea sustentable, y si no es sustentable no debiese seguir», señaló la Dr. Doris Soto.
En ese sentido, agregó que el trabajo desarrollado en las matrices de riesgo para la salmonicultura y acuicultura apunta a establecer normas secundarias en las zonas dedicadas a la actividad, donde cada cuerpo de agua principal tenga una norma con indicadores propios de ese ambiente.
«Afortunadamente todavía tenemos la oportunidad de discutir el ambiente en el que queremos vivir. Obviamente las poblaciones quieren trabajo, pero tampoco queremos perder la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para el futuro. Así, la posibilidad de establecer normas secundarias es relevante», enfatizó.
Debida diligencia, medio ambiente y derechos Humanos
En tanto, la profesora Judith Schönsteiner del Centro de Derechos Humanos de la UDP, presentó los resultados del reciente informe que revisó la normativa aplicable a la industria del salmón en Chile respecto a estándares internacionales de derechos humanos.
Dentro de las principales observaciones del estudio, destacó que la normativa y fiscalización en materia sanitaria de la salmonicultura suele tener mayor atención, exigencia y eficacia en comparación a lo medioambiental y laboral, existiendo algunas brechas que es necesario acortar desde la gobernanza y la fiscalización, teniendo como referencia la experiencia europea.
«Hay un momento en que las empresas se interesan más en nuestro estudio que el ejecutivo. Se interesaron principalmente en los mecanismos de gobernanza. Vieron que eso se hace en empresas transnacionales y que en la industria del salmón local aún es incipiente», señaló.
«Tengo la impresión de que la industria está buscando los mecanismo de gobernanza, pero si estos no responden a incentivos regulatorios para los mínimos, no resulta la visión sistémica. Y ciertamente tampoco funcionaría si no trae un beneficio hacerlo mejor. Entonces, si ciertos barrios se lograran certificar con estándares ambientales, y el Estado lograra poner incentivos para ello, eso podría «premiar» a los mejores de la industria y eventualmente también sensibilizar a los consumidores», complementó.
Vea la sesión completa de la Comisión a continuación.
