Conozca las claves del proyecto de ley sobre inteligencia artificial

El lunes 4 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que regula el uso de los sistemas de inteligencia artificial (IA) en Chile. La iniciativa, ingresada en mayo de 2024 bajo el boletín 16821‑19 y refundida con el boletín 15869‑19, fue respaldada por 63 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones. Ahora vuelve a la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación para su discusión en particular.

La propuesta, impulsada por el Ejecutivo y en su primer trámite constitucional, busca establecer un marco legal que permita el desarrollo, comercialización e implementación responsable de sistemas de IA en el país. Entre sus ejes principales se encuentra la protección de derechos fundamentales, la transparencia algorítmica, la ciberseguridad y la promoción de la innovación.

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Con un total de 31 artículos y tres disposiciones transitorias, el texto propone reglas claras para el uso de la IA en sectores que afectan directamente a las personas, como salud, educación, trabajo y servicios públicos. Uno de sus pilares es la clasificación de los sistemas de IA según su nivel de riesgo, diferenciando entre riesgo inaceptable, alto, limitado o sin riesgo evidente. Esta estructura se sustenta en ocho principios rectores, que establecen estándares diferenciados según la aplicación y el impacto potencial de la tecnología.

El proyecto también contempla obligaciones específicas para personas naturales y jurídicas que operen con estos sistemas, así como sanciones de hasta 20.000 UTM (más de $1.300 millones) para quienes infrinjan la normativa. Sin embargo, se exceptúan de esta regulación herramientas de código abierto sin fines comerciales.

En términos prácticos, la ley busca asegurar que cualquier decisión automatizada que afecte a una persona —por ejemplo, la negación de un crédito— deba ser informada y justificada. Asimismo, los datos personales solo podrán utilizarse con consentimiento, y los algoritmos deberán evitar cualquier forma de discriminación, ya sea por género, edad, origen u orientación sexual.

La Agencia de Protección de Datos Personales será el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa, especialmente en lo relativo a los derechos ciudadanos. Además, se proyecta la creación de una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, coordinada por el Ministerio de Ciencia, que tendrá atribuciones para registrar, autorizar o prohibir el uso de sistemas de IA en el país.

Controversias

Durante la votación en sala, el Ejecutivo retiró la suma urgencia con que había ingresado el proyecto, luego de que parlamentarios de oposición advirtieran que algunos aspectos del texto no contaban con respaldo suficiente. Uno de los puntos más controvertidos fue el artículo 28, que establecía la responsabilidad civil en casos de daños provocados por sistemas de IA, y que fue rechazado al no alcanzar el quórum requerido de 77 votos.

Entre las principales críticas, los diputados Diego Schalper (RN), Francisco Undurraga (Evópoli) y Paula Labra (RN-independiente) acusaron un exceso de regulación. A su juicio, la propuesta contempla un nivel de burocracia y control que podría desincentivar la innovación, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. También manifestaron preocupación por la adopción de estándares europeos sin adaptarlos adecuadamente a la realidad chilena, lo que, según indicaron, limitaría la flexibilidad del ecosistema tecnológico local.

Pese a las controversias, desde el Ejecutivo se ha subrayado que esta ley no obstaculiza la innovación, sino que la promueve al establecer marcos seguros y reglas claras, compatibles con estándares internacionales. Esto permitiría, además, que las soluciones desarrolladas en Chile puedan ser exportadas y competir en mercados globales.

La tramitación del proyecto continuará ahora en particular, donde se espera que se revisen y ajusten los artículos que generaron mayor oposición.