
El gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne Muñoz, realizó una presentación ante la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara, en el marco de la discusión de la propuesta de nueva ley de pesca y que se encuentra en su primer trámite constitucional.
En la ocasión, Moenne, afirmó que “como empresa no nos oponemos a una nueva ley de pesca, sin embargo, estamos absolutamente en desacuerdo con algunos aspectos del actual proyecto de ley los cuales atentan contra la competitividad de la industria y la continuidad de PacificBlu”.
Entre los puntos más discutidos por la compañía con sede en Talcahuano está la propuesta de subastas del 41% de las cuotas históricas industriales, proceso que se realizaría antes del término de los primeros 20 años de vigencia de las actuales licencias y la duración de las futuras licencias que disminuye de 20 a 10 años.
Según explicó el gerente en su presentación, “la subasta de derechos en uso es una medida económica errada y su fracaso está debidamente documentado y estudiado en países que lo intentaron como es el caso de Estonia, Islas Faroe y Rusia. La experiencia internacional muestra con toda claridad que en los países de la OCDE las cuotas de pesca son asignadas por las capturas históricas de cada empresa previo al cierre de la pesquería y que las cuotas son indefinidas o renovables. La Industria pesquera necesita certeza jurídica y un marco regulatorio de largo plazo para ser competitiva a nivel mundial, mantener las actuales condiciones laborales, seguir desarrollando inversiones e innovar en nuevos productos”.
Tras la presentación de la compañía con sede en Talcahuano, el presidente de la comisión legislativa Jorge Brito señaló que se realizaría una sesión especial para analizar el mecanismo de subastas que propone el Ejecutivo convocando a expertos y las principales autoridades sectoriales.
Cabe destacar que PacificBlu es la empresa líder en el desarrollo y comercialización de productos del mar en Chile en base a merluza común. Ubicada en Talcahuano, la compañía cuenta con más de 800 trabajadores y trabajadoras, de los cuales el 54% son mujeres, los que según se explicó están en riesgo de prosperar la iniciativa gubernamental en el congreso.

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