
La situación financiera de Nova Austral, la compañía de salmones controlada por el fondo noruego Altor Capital, sigue con su futuro incierto. La junta de acreedores programada inicialmente para el 20 de septiembre se ha retrasado hasta el 26 de octubre, otorgando un breve respiro a la empresa que enfrenta la posibilidad de liquidación. La empresa se encuentra sumida en una compleja trama de reorganización judicial, y la incertidumbre persiste.
Según informaciones recogidas por el Diario Financiero, Nova Austral acumula deudas por aproximadamente US$560 millones, de los cuales US$484.6 millones corresponden a obligaciones con sus acreedores financieros. El mayor de estos acreedores es Nordic Trustee, que representa a los tenedores de bonos y actúa como agente de garantías, con una deuda de US$415 millones. Le siguen DNB Bank con US$69 millones y Skretting con US$23 millones.
La crisis de Nova Austral se originó en parte debido al «endurecimiento del estándar fiscalizador» y la imposición de «sanciones sin precedentes» por parte de los reguladores, lo que llevó a la revocación de tres de sus concesiones. Además, algunos de sus ex ejecutivos se enfrentan a acusaciones de estafa.
La incertidumbre en torno al destino de la empresa ha generado preocupación en la ciudad de Porvenir, donde Nova Austral es el principal empleador, brindando trabajo a alrededor de 800 personas de forma directa y a unas 2,000 de forma indirecta. La comunidad depende en gran medida de la actividad de la empresa y teme las consecuencias económicas y sociales de su posible cierre.
Ante esta situación, los sindicatos de Nova Austral han buscado la intervención de la embajada de Noruega en Chile para influir en el proceso de reorganización de la empresa. En una carta enviada al embajador Jostein Leiro el 26 de septiembre, los trabajadores expresaron su preocupación y destacaron que Nova Austral representa una parte significativa de la economía local.
En respuesta, la embajada de Noruega señaló que no tiene derecho de intervención en los asuntos de DNB u otras empresas involucradas en la situación. Aclararon que el Estado noruego posee el 34% de las acciones de DNB, pero la gestión y las decisiones comerciales recaen en las empresas y sus mesas directivas.
Los trabajadores no quedaron satisfechos con esta respuesta y, el 5 de octubre, enviaron una segunda carta a la embajada en la que instaron a la entidad a considerar su situación como representantes de los intereses noruegos en Chile.
Hasta el momento, la embajada no ha respondido a la segunda carta de los sindicatos. La incertidumbre persiste mientras Nova Austral se acerca a su próxima junta de acreedores en octubre.
Fuente: EMOL


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