«Hemos seguido con atención el tercer trámite, en Comisión Mixta, del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Si bien destacamos esta iniciativa, pues...
«Hemos seguido con atención el tercer trámite, en Comisión Mixta, del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Si bien destacamos esta iniciativa, pues sistematizará las normas que regulan las áreas silvestres protegidas, seguimos sosteniendo que hay aspectos del proyecto que ponen en riesgo el desarrollo de la salmonicultura».
Ello, porque el Ejecutivo propuso una modificación al artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, eliminando a futuro la salmonicultura en reservas nacionales y forestales.
Si hoy existe acuicultura en reservas es por dos razones: se otorgaron concesiones en lugares que después se constituyeron en reserva, o se otorgaron donde lo protegido original solo estaba en tierra firme.
Mientras Noruega ha definido -en su plan estratégico desarrollado por el Gobierno- quintuplicar su producción de salmones a 2050, en nuestro país se discuten solo restricciones. Esto significará cambios sustanciales en las actuales participaciones de mercado. Hoy, Chile tiene el 35% del mercado global y Noruega el 45%. A 2050, Noruega alcanzará el 82% y Chile se verá reducido al 11%. Noruega solo tiene bajo protección oficial el 10% de su mar, mientras que Chile el 40%.
Nos sigue llamando la atención, además, la ausencia del Ministerio de Economía en este debate, pues es imperioso evaluar los eventuales impactos en empleo y crecimiento de la aprobación de esta propuesta.
Resulta además contradictorio cuando el Gobierno anuncia la discusión de una nueva Ley General de Acuicultura como un proceso amplio y participativo, pues ese diálogo partiría con fuertes restricciones a nuestra actividad.
La salmonicultura ha generado grandes oportunidades en Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes, generando en torno a 71 mil empleos. Confiamos en que nuestros legisladores puedan ponderar en su mérito los efectos de la propuesta mencionada, en un momento en que nuestro país requiere de certidumbre, diálogo y entendimiento entre el sector público y privado para el desarrollo sustentable.