
Como una acción “indigna” y propia de los años 70 calificó la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal la acción judicial en contra del Estado que anunció la pesquera de la familia Izquierdo Menéndez, dueña de Alimar, una de las compañías más grandes del país.
A través de su abogado, Tomás Menchaca, la empresa anunció el inicio de acciones legales en contra del Estado de Chile por las repercusiones que estiman, tendrá la Ley de Fraccionamiento.
Para el presidente de la CONDEPP y vocero de la Alianza, Hernán Cortés la acción judicial de la pesquera Alimar responde a su nulo respeto al Congreso y el estado de derecho en Chile.
“Esta familia, junto a las otras 6 que se repartieron nuestras costas gracias a la Ley Longueira no aceptan que ya no mandan en este país y que el actual gobierno y el Congreso nos apoyaron porque saben que por años nos robaron y quitaron la posibilidad de vivir de nuestro trabajo”, aseguró.
Cortés agregó, “no se resignan a que perdieron y buscan resquicios legales para no respetar la legislación chilena y argumentar expropiación es digno de los años 70, frases que ya no tienen eco en el Chile actual”.
En tanto, Sara Garrido, líder de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal precisó que, “la Ley de Fraccionamiento fue aprobada por un gran consenso en el Parlamento, porque todos entendieron que era fundamental equiparar la cancha y que era inmoral que industria pesquera siguiera ganando a costa del esfuerzo de los pescadores artesanales”.
“Hoy no sólo siguen bloqueando el financiamiento de una Plataforma Social a través de las licitaciones tipo B, sino que ahora buscan ir a la justicia para seguir abusando. Pero la buena noticia es que ya no son dueños del mar ni menos de este país”, sentenció la dirigenta.
Desde la Asociación Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal se llamó a todos los actores del sector pesquero a rechazar la acción judicial de la pesquera Alimar, afirmando que, “hay que dejarles claro que hay una legislación vigente que protege a la mayoría de los chilenos y que ya no son dueños del mar porque la Ley Longueira nació de la corrupción.

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