
La organización de conservación marina Oceana valoró el operativo realizado por la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), que permitió desarticular una organización dedicada a la extracción, transporte y comercialización ilegal de recursos pesqueros entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos.
Según los antecedentes entregados por las autoridades, la red operaba comercializando distintas especies marinas, entre ellas congrio dorado, pejerrey, loco y merluza austral. La extracción y comercialización ilegal de especies que ya enfrentan una fuerte presión pesquera dificulta aún más su recuperación y pone en riesgo la sostenibilidad de la actividad para las futuras generaciones.
«Estamos frente a un caso de extrema gravedad. Esta organización movilizaba importantes volúmenes de recursos pesqueros y obtenía ganancias ilícitas a costa del patrimonio marino de todos los chilenos», señaló César Astete, director de las campañas de pesca de Oceana en Chile. «La pesca ilegal constituye una seria amenaza para la sostenibilidad de las pesquerías y la conservación de la biodiversidad marina. Cuando hablamos de especies como la merluza austral, que lleva más de una década en condición de sobreexplotación, el daño es aún mayor porque se socavan los esfuerzos de recuperación del recurso y se compromete su disponibilidad futura», agregó.
Fiscalización y trazabilidad
Astete también destacó que estas prácticas perjudican directamente a los pescadores y pescadoras que cumplen la normativa. «La pesca ilegal genera una competencia desleal para quienes desarrollan su actividad de manera legal y responsable, afectando tanto sus ingresos como la credibilidad de todo el sector pesquero», afirmó.
Ante este escenario, Oceana hizo un llamado a fortalecer de manera urgente la fiscalización y los mecanismos de trazabilidad que permiten seguir el recorrido de los productos del mar desde su extracción hasta su comercialización final.
«Este caso demuestra la importancia de contar con herramientas robustas que permitan verificar el origen legal de los recursos pesqueros en cada etapa de la cadena de suministro. Asimismo, es fundamental reforzar la coordinación entre los organismos encargados de la fiscalización y la persecución penal para prevenir que redes de esta naturaleza vuelvan a operar«, sostuvo Astete.
La organización reiteró que proteger los océanos y garantizar la sustentabilidad de las pesquerías requiere una fiscalización efectiva, sistemas de trazabilidad sólidos y una persecución decidida contra quienes lucran con la extracción y comercialización ilegal de recursos marinos.

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