Dirigentes de Sernapesca denuncian acoso laboral tras revelar irregularidades vinculadas a centros salmoneros

Carolina Castro y Rodrigo González, dirigentes sindicales del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), acusan haber sido objeto de hostigamiento laboral, daño moral y entorpecimiento de su labor gremial, luego de denunciar en 2023 presuntas irregularidades administrativas relacionadas con los centros de cultivo de salmones, específicamente en el marco del caso «Caducidades».

Ambos dirigentes, miembros activos de la Federación Nacional de Funcionarios Públicos del Sector Pesca (AFIPES), afirman que las represalias comenzaron tras presentar antecedentes ante la Contraloría General de la República, instancia que acogió la denuncia y ordenó un sumario administrativo al interior del organismo. Según explicó Rodrigo González, presidente de AFIPES, «la denuncia fue ingresada en agosto de 2023 y se refería a centros salmoneros cuya caducidad debía haberse aplicado, pero que seguían operando con normalidad». Añade que esta denuncia coincidió con una similar de Fundación Terram, y ambas fueron unificadas por Contraloría.

Desde entonces, González asegura que han enfrentado diversas formas de persecución. «Dos meses después de que Sernapesca tomó conocimiento de nuestra denuncia, intervinieron un proceso electoral de una de nuestras asociaciones. Una colega que fue propuesta como candidata fue desvinculada a menos de 24 horas de oficializar su postulación, lo que vulneró directamente su fuero gremial», relató. La funcionaria estuvo cesante por seis meses hasta que Contraloría ordenó su reintegración y el pago de los sueldos adeudados.

El dirigente también denunció haber sido víctima de una campaña de desprestigio dentro del propio Congreso Nacional. “En marzo de 2024, una funcionaria del servicio me acusó de acoso y amenazas, incluso de muerte, durante una sesión de la Comisión de Equidad de Género. Llegué al extremo de autodenunciarme ante Fiscalía para probar mi inocencia”, indicó. La investigación concluyó que no existía delito alguno, pues la presunta víctima no ratificó la denuncia ni asistió a declarar, según relató González.

A pesar de ese fallo, asegura que Sernapesca le inició igualmente un sumario administrativo por los mismos hechos que ya habían sido descartados por la justicia. “Resulta insólito que el contenido del sumario haya sido anticipado por la denunciante incluso antes de que este fuera oficialmente notificado”, expresó.

Además, denunció la exclusión sistemática de AFIPES de comités clave dentro del servicio, como el Comité Bipartito, de Integridad, de Género y de Personal. «Desde hace más de un año no hemos sido convocados a ninguna mesa. Denunciamos esto ante Contraloría y también ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», afirmó.

En lo personal, González relata haber sido relegado a una situación de aislamiento funcional. «Desde marzo del año pasado no recibo instrucciones de trabajo. No me citan a reuniones ni me asignan tareas. Incluso, cuando anuncié que retomaría mis labores tras una licencia por diagnóstico psicológico derivado del hostigamiento, intentaron cambiarme de funciones, lo que habría significado perder mi fuero sindical y una posible desvinculación».

Sobre la situación de Carolina Castro, añadió que si bien fue reintegrada tras la orden de Contraloría, «fue reubicada en un nuevo puesto donde, aunque en teoría mejoraron sus condiciones, en la práctica fue excluida de ejercer plenamente el cargo. La subrogancia que le ofrecieron nunca la ha podido ejercer; traen gente de otras regiones para ese puesto». Según González, Castro también fue diagnosticada con una enfermedad profesional asociada al estrés sufrido por su situación laboral.

Finalmente, los dirigentes aseguran que Sernapesca ha obstaculizado reiteradamente su trabajo sindical. “Solicitamos información por correo institucional, luego por oficio y después por Ley de Transparencia. Aun así, no nos responden. Tuvimos que acudir nuevamente a Contraloría, que por tercera vez nos dio la razón e instruyó al servicio a responder en 20 días. Ya ha pasado más de un mes y seguimos sin respuesta”, detalló González.

La situación ha escalado a tal nivel que actualmente existen denuncias activas en la OIT, demandas judiciales en curso y presentaciones ante Fiscalía por hechos que, según González, incluyen incluso la omisión de denuncias por presuntos abusos sexuales dentro del servicio. “Todo esto por cumplir con nuestro rol fiscalizador y denunciar irregularidades en la industria salmonera”, concluyó.

*Fotografía solo referencial