De acuerdo con información publicada por Radio Bío Bío, el gobernador regional de Los Ríos y presidente de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), Luis Cuvertino, señaló que comunidades indígenas podrían iniciar acciones judiciales en el marco del proceso de definición del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) en la región.
El conflicto se origina tras un nuevo episodio relacionado con la solicitud de ampliación del espacio costero autorizado, luego de que la comisión aprobara durante el año pasado cerca de 3 mil hectáreas, rechazando una petición inicial que superaba las 105 mil hectáreas solicitadas por las comunidades indígenas.
Según consignó Radio Bío Bío, en enero de este año se inició un nuevo proceso para analizar la posibilidad de extender el polígono del sector de Calfuco, entre Punta Galera y la desembocadura del río Bueno, lo que permitiría ampliar el espacio previamente autorizado hasta un total superior a 6 mil hectáreas, incorporando aproximadamente 3.529 hectáreas adicionales.
No obstante, esta propuesta fue sometida a votación durante una sesión de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero realizada esta semana. Si bien la iniciativa obtuvo 14 votos en contra y 10 a favor, no se alcanzó el quórum de dos tercios requerido para adoptar una resolución, por lo que la votación fue reprogramada.
En ese contexto, el gobernador Luis Cuvertino indicó que las comunidades indígenas podrían evaluar acciones judiciales, dependiendo de la resolución final que adopte la comisión respecto de la ampliación del polígono. Asimismo, reconoció que aún no existe una fecha definida para una nueva votación, aunque adelantó que esta podría realizarse durante el mes de marzo.
Por otra parte, y siempre según lo informado por Radio Bío Bío, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero rechazó de manera unánime el recurso de reposición presentado por la Federación de Armadores Pelágicos de Los Ríos, el cual buscaba dejar sin efecto la suspensión del recurso de reclamación interpuesto para invalidar la aprobación de solo un 3% del espacio originalmente solicitado por las comunidades indígenas.
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