El sector salmonero de Chile se encuentra en un estado de incertidumbre frente a dicho oficio emitido por el Ministerio del Medio Ambiente.
Se trata de un instructivo enviado a enviado a los ministerios de Defensa, Economía, Bienes Nacionales, Hacienda, Energía, Minería, Agricultura y Justicia, así como también la Corte Suprema, el 22 de septiembre de 2023, en relación con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), recientemente aprobado luego de 13 años de discusión en el Congreso.
Así, el sector salmonero de Chile se encuentra en un estado de incertidumbre frente a dicho oficio emitido por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el cual ordena suspender el procedimiento de otorgamiento de concesiones acuícolas en áreas protegidas que no tengan un plan de manejo vigente.
La industria salmonera había manifestado previamente su desacuerdo con la prohibición de concesiones en áreas protegidas durante la tramitación de la ley SBAP. Sin embargo, según informes de Pulso, el nuevo instructivo del MMA parece reinterpretar la ley, buscando lograr el mismo efecto que la reforma legal rechazada.
El oficio del MMA establece claramente que «mientras un área protegida, independientemente de su categoría de protección, no cuente con un plan de manejo vigente, no podrán otorgarse concesiones, debiendo quedar suspendida la tramitación del procedimiento». Esto significa que la explotación de ciertos bienes o servicios quedaría suspendida automáticamente hasta que se apruebe el plan de manejo correspondiente y se evalúe su compatibilidad con los objetivos de conservación del área.
Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, expresó su preocupación por el posible impacto de esta medida en la industria salmonera y sus trabajadores. Dijo: «La ministra (de Medio Ambiente, Maisa) Rojas insiste en eliminar a la industria del salmón de áreas protegidas, pero no considera que existen 400 concesiones que generan empleo y que se verían seriamente afectadas, sin tener un plan alternativo efectivo que solucione los efectos de esta drástica decisión».
Swett continuó: «El anuncio del Gobierno es grave porque pretende eliminar las concesiones sin una alternativa realista y viable, impidiendo el derecho a trabajar de miles de familias que viven de esta industria en siete regiones. Basta con revisar los mapas para darse cuenta de que no hay dónde moverse porque todo está solicitado como área protegida o como área indígena, lo que nos parece una irresponsabilidad hacia las regiones de la zona sur y sus habitantes que sufren abandono permanente».
Katia Inostroza, presidenta de la Asociación Gremial de Proveedores de la Industria Acuícola de Aysén (Acuiprov AG), hizo un llamado a considerar las voces de la Región de Aysén y buscar soluciones que promuevan un desarrollo armónico en el borde costero. Dijo: «Dejemos de legislar desde Santiago, escuchemos el sentir de la Región de Aysén y en conjunto analicemos soluciones razonables que apunten a una descentralización efectiva y un desarrollo armónico en el borde costero. El ministerio debe respetar a la macrozona sur que mueve 3.000 millones de dólares al año, aportando al desarrollo del país».
La Asociación Gremial AgrupAysén también expresó su preocupación y afirmó: «Quienes pierden con estas declaraciones de la autoridad ministerial somos los habitantes del territorio, los cientos de Pymes de la región que generamos empleos y dinamizamos la economía regional a partir de la participación en la cadena de valor de las actividades de acuicultura y pesca que se realizan en nuestro maritorio y que, dicho sea de paso, generan más del 35% del PIB regional».
Sin embargo, Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón, señaló que están evaluando la situación y enfatizó la importancia de respetar las decisiones del Congreso. Seguel dijo: «Esto es algo que ocurrió muy reciente y nosotros como gremio lo estamos analizando. Pero creo que hay principios rectores que, más allá del análisis que estamos haciendo, se tienen que mantener. Cualquier interpretación jurídica y elementos ilustrativos que ocupe el Ejecutivo, siempre debe respetar la decisión soberana y autónoma de otro órgano del Estado, como fue lo aprobado y rechazado por el Congreso. Eso para nosotros es fundamental en la institucionalidad del país».
Esta medida ha generado controversia en las regiones donde opera la industria salmonera, especialmente en Los Lagos, Aysén y Magallanes. A pesar de la discusión y el rechazo anterior de prohibir las concesiones en áreas protegidas, acusan que el MMA busca aplicar esta restricción a través de una interpretación de la ley SBAP.
*Fuentes de información Pulso y Radio Cooperativa
