Con 38 votos a favor y una abstención, el Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias entre ambas Cámaras respecto al proyecto que fija un nuevo esquema de fraccionamiento entre los sectores pesquero artesanal e industrial. Con esta votación, la iniciativa quedó lista para su promulgación como ley.
La normativa establece reglas específicas para la distribución de la captura de recursos como anchoveta, sardina española, merluza común y reineta, con ajustes anuales según desempeño del sector industrial y límites máximos de asignación para ambas partes. Para la merluza común, por ejemplo, se estableció un modelo de fraccionamiento que varía según el volumen total autorizado de captura, beneficiando a la fracción artesanal en escenarios de mayor disponibilidad.
En materia de financiamiento, se rechazó el sistema de licitaciones para la pesca del jurel originalmente propuesto por el Ejecutivo, optándose en cambio por establecer una patente especial a beneficio fiscal que deberán pagar los armadores industriales con derechos transferidos. Esta patente tendrá un valor base de 1,3 UTM por tonelada, con un mínimo de 250 UTM mensuales.
Durante el debate, senadores destacaron que si bien la ley no es perfecta, representa un avance significativo que busca equilibrar los intereses de ambos sectores. Algunos parlamentarios calificaron el acuerdo como “histórico”, señalando que marca el fin del modelo establecido por la Ley Longueira y responde a demandas largamente sostenidas por el sector artesanal.
El proyecto generó también tensiones en la industria: la empresa Camanchaca confirmó que recurrirá a la justicia en busca de una compensación por los impactos que esta nueva ley tendría sobre su operación.
Finalmente, se recordó a figuras emblemáticas del mundo pesquero como la dirigenta Paola Poblete y a los siete pescadores fallecidos en la tragedia de la lancha Bruma en Coronel, con el llamado a que este tipo de acuerdos legislativos también sirvan como forma de homenaje al esfuerzo del sector.
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