Sonapesca alerta que nueva Ley de Pesca amenaza viabilidad de empresas

El o4 de agosto, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Felipe Sandoval, expuso ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados su visión crítica respecto al proyecto de Nueva Ley de Pesca que impulsa el Gobierno, advirtiendo que la propuesta “no tiene sentido y pone en riesgo la continuidad operativa de gran parte de la industria pesquera nacional, ya que las empresas están recién asimilando las pérdidas que les dejó la Ley de Fraccionamiento Pesquero”.

“La combinación del nuevo fraccionamiento, ya deja a muchas empresas al límite de su viabilidad financiera. Entonces, avanzar en un nuevo cambio regulatorio, y de esta magnitud, parece absurdo y hará que se concreten los cierres de empresas que apenas se lograron evitar, provocando más pérdida de empleos en las regiones pesqueras”.

En su presentación, Sonapesca recordó que la Ley de Fraccionamiento, recientemente aprobada, ya redujo en un 30% la participación industrial en varias pesquerías, lo que afectó directamente a compañías como Camanchaca en la zona norte, Pacific Blu y empresas de la zona sur austral, que hoy operan en el umbral mínimo de sustentabilidad económica.

“El nuevo proyecto de ley, en su artículo 54, establece que las Licencias Transables de Pesca clase B (LTPB) pasarán del 15% al 50% en todas las pesquerías. Esta medida tendría dos efectos clave sobre las empresas que operan con licencias A (LTPA): Se les impondría un alza en el impuesto específico y quedarían operando bajo la cuota mínima que las inviabiliza financieramente”, indicaron desde el gremio.

Según las estimaciones entregadas por Sonapesca, la licitación de ese 50% implicaría una reducción de 389 mil toneladas en la cuota de las empresas, lo que representa una pérdida valorada en US$ 165 millones anuales adicionales, adicionales a los US$ 160 millones ya perdidos.

Si se suma el efecto de la Ley de Fraccionamiento y la nueva Ley de Pesca, las empresas perderían más de 850 mil toneladas de cuota, lo que equivale a 59% de su cuota actual y una merma anual de US$ 325 millones.

Inconstitucionalidad de las licitaciones

Además, durante la presentación se cuestionó la legalidad de licitar más del 15% de la fracción industrial, señalando informes jurídicos, como el del abogado y expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca, que han advertido que esa norma sería inconstitucional.