La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad y en general el proyecto conocido como Ley Bruma, iniciativa que busca reforzar la seguridad marítima y pesquera mediante nuevas exigencias técnicas, controles preventivos al personal embarcado y mayores responsabilidades frente a accidentes ocurridos en el mar.
La votación realizada el 22 de julio permite que el proyecto continúe su primer trámite constitucional. Tras la aprobación de la idea de legislar, se abrió un plazo para presentar indicaciones destinadas a perfeccionar el texto, antes de que la comisión inicie su discusión y votación en particular.
La moción surgió después de la desaparición de la embarcación artesanal Bruma, que perdió contacto con sus sistemas de posicionamiento y comunicación el 30 de marzo de 2025, cuando navegaba con siete tripulantes en las cercanías de la isla Santa María. Antecedentes posteriores situaron en el sector a la nave industrial Cobra, perteneciente a Blumar, lo que dio origen a la hipótesis de una eventual colisión y a una investigación penal que continúa en desarrollo.
Radiobalizas y controles a las tripulaciones
Entre las principales medidas contempladas en el texto ingresado se encuentra la obligatoriedad de utilizar radiobalizas indicadoras de posición de emergencia. Las condiciones técnicas para su instalación, uso y mantenimiento deberán ser definidas posteriormente mediante un reglamento, tanto para las embarcaciones como para sus tripulaciones.
El proyecto también propone incorporar expresamente en la Ley de Navegación la facultad de realizar pruebas científicas o técnicas para detectar la presencia de alcohol, estupefacientes o sustancias sicotrópicas en personas que desarrollen funciones a bordo de naves, artefactos navales e instalaciones flotantes.
Estos controles podrían aplicarse especialmente a quienes intervengan en maniobras de navegación, actividades extractivas, faenas de carga y descarga u operaciones de maquinaria. La negativa injustificada podría considerarse una presunción de consumo para efectos administrativos y derivar en la suspensión preventiva de la matrícula, licencia o autorización correspondiente.
En accidentes que provoquen lesiones graves, muertes o daños significativos al medio ambiente o a instalaciones portuarias, las pruebas toxicológicas serían obligatorias para los integrantes de la tripulación que, por sus funciones, pudieran haber tenido responsabilidad o participación en los hechos.
Sanciones por alterar registros y sistemas de seguridad
La iniciativa crea además una sanción penal específica para quienes destruyan, oculten, alteren o hagan desaparecer registros audiovisuales exigidos por la legislación marítima con el propósito de encubrir una infracción o delito.
La misma pena se propone para quienes apaguen, inutilicen o manipulen dolosamente instrumentos tecnológicos de seguridad o posicionamiento satelital, o impidan su funcionamiento. El texto contempla presidio menor en sus grados medio a máximo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a los eventuales delitos encubiertos.
Estas disposiciones se relacionan con las falencias identificadas tras el caso Bruma en materia de preservación y trazabilidad de evidencia material y digital, especialmente cuando los registros disponibles pueden resultar determinantes para esclarecer las responsabilidades en un siniestro marítimo.
Deber de auxilio y denuncia
Otro de los ejes del proyecto es el fortalecimiento del deber de auxilio. La propuesta establece una presunción de culpabilidad para el capitán que abandone el lugar de un accidente sin prestar socorro ni informar inmediatamente a la Autoridad Marítima, salvo que existan circunstancias que justifiquen su actuación.
Asimismo, permitiría ordenar a las embarcaciones cercanas o en condiciones de zarpar desde un puerto que presten auxilio inmediato cuando existan vidas en peligro. El capitán que incumpla esta instrucción sin una causa justificada arriesgaría la cancelación de su título, además de la eventual responsabilidad penal que pudiera corresponder.
La iniciativa también incorpora expresamente en la Ley de Navegación el deber de los capitanes y oficiales de denunciar los delitos que se cometan durante el viaje o a bordo, obligación que actualmente se encuentra contemplada en el Código Procesal Penal.
Jornadas y descansos verificables
En materia laboral, el proyecto modifica el Código del Trabajo para exigir mecanismos objetivos y verificables que permitan controlar las horas de trabajo y los tiempos mínimos de descanso de las dotaciones.
La propuesta busca que los registros sean trazables, fieles y disponibles para su revisión, permitiendo fiscalizaciones programadas o aleatorias. El objetivo es fortalecer la prevención de la fatiga y reducir los riesgos que esta puede generar en las operaciones marítimas.
Familias valoran el avance
La aprobación fue valorada por familiares de los tripulantes desaparecidos y representantes de la pesca artesanal, quienes participaron en la discusión desarrollada por la comisión.
“Estamos contentos con esta nueva aprobación de la Ley Bruma. Es una nueva etapa; vamos paso a paso, y este avance permitirá que ninguna otra familia vuelva a sufrir lo que estamos viviendo, además de entregar mayor seguridad marítima a los pescadores artesanales”, señaló Catalina Medel, vocera de la familia Bruma.
Por su parte, Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial Bacaladera del Maule y de la Federación Nacional Bacaladera, sostuvo que la votación unánime permite comenzar a instalar con mayor fuerza la discusión sobre la seguridad de quienes trabajan en la pesca artesanal.
La iniciativa continuará ahora su tramitación legislativa con la presentación de indicaciones y la posterior revisión particular de cada una de sus disposiciones.
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