Municipios de Los Ríos buscan frenar proyecto salmonero en el Río San Pedro

Los municipios de Máfil, Panguipulli, Valdivia y Los Lagos, reunidos en la Asociación de Municipios para la Conservación de la Biodiversidad (AMCB), emitieron una declaración pública para manifestar su oposición al proyecto de piscicultura propuesto por la empresa Salmones Antártica S.A., que pretende instalarse en la ribera del río San Pedro, comuna de Los Lagos.

“Como Municipios asociados, utilizaremos todas las herramientas institucionales disponibles para detener este proyecto que, aunque cuenta con una RCA, esta no brinda garantías suficientes, ya que fue aprobada durante el año 2008 mediante una Declaración de Impacto Ambiental que no refleja verdaderamente los impactos que el proyecto pudiese tener en el medioambiente. Además, se emplaza en un afluente que conecta con fuentes hídricas, afectando no solo a Los Lagos, sino también a las comunas de Máfil, Valdivia y Panguipulli”, expresaron en el escrito.

A ello, agregan que el proyecto representa una amenaza para el trabajo conjunto que se ha realizado en torno a este afluente, buscando convertirlo en un polo turístico, de conservación y producción local.

Impacto

“Nuestra Asociación tiene como principio fundamental la protección de la biodiversidad y la promoción del desarrollo sustentable. En este contexto, manifestamos nuestra preocupación por los impactos ambientales y sociales que este proyecto podría generar, entre los cuales destacamos: riesgo para la calidad del agua, amenaza a la biodiversidad e impactos sociales y culturales”, indicaron.

A través de sus plataformas, la Municipalidad de Los Lagos ha reafirmado esta postura. Allí, el alcalde subrogante, Cristián Arriagada, manifestó que el municipio rechaza tajantemente el proyecto salmonero y que se encuentra trabajando mediante sus equipos técnicos para realizar acciones que permitan la reevaluación de la obra.

Dentro de ello, el municipio de Los Lagos anunció medidas como una solicitud a la Seremi Minvu para revisar el permiso otorgado por la DOM; reunión con la Dirección Nacional del SEA para exigir una reevaluación de la Declaración de Impacto Ambiental; refuerzo de la Oficina Municipal de Medio Ambiente para aumentar la fiscalización; impulsar una ordenanza municipal para proteger el río con mayores restricciones a proyectos industriales, y exigir a la empresa del cumplimiento ambiental y respeto por la sostenibilidad.