Monitoreo y prevención: SMA lanza estrategia de Cumplimiento Ambiental para CES

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) presentó su Estrategia de Cumplimiento Ambiental para Centros de Engorda de Salmones (CES), documento que busca consolidar un modelo de monitoreo, fiscalización y respuesta ante incumplimientos, con énfasis en prevención, uso de herramientas tecnológicas y coordinación con servicios sectoriales. La actividad incluyó además un conversatorio con representantes del ámbito científico, público, privado y de la sociedad civil.

La jornada fue moderada por María Inés Owens, profesional de la sección de recursos hídricos de la SMA, quien explicó que la estrategia apunta a “reforzar y transparentar el modelo de monitoreo, fiscalización y respuesta sancionatoria frente a eventuales incumplimientos”, priorizando un enfoque preventivo y el trabajo que el organismo viene desarrollando desde hace varios años.

Durante la presentación principal, la superintendenta Marie Claude Plumer sostuvo que el documento consolida un trabajo institucional de largo plazo y recalcó que se trata de un resultado que trasciende a una administración específica. “Lo interesante acá es que esta estrategia es el resultado de la institucionalidad fiscalizadora ambiental. No es el resultado en particular de una administración, y eso es relevante”, señaló.

Plumer contextualizó el alcance del desafío recordando que la salmonicultura representa un sector relevante para el país y, desde la mirada fiscalizadora, implica un universo amplio de unidades reguladas. Según indicó, la SMA fiscaliza más de 1.300 unidades fiscalizables, asociadas a más de 2.000 resoluciones de calificación ambiental, muchas de ellas ubicadas en zonas remotas y ambientalmente sensibles, lo que agrega complejidad logística para la fiscalización.

En ese marco, la superintendenta describió como principales externalidades potenciales —según lo establecido en las RCA— aspectos como acumulación de sedimentos en fondo marino, contaminación en columna de agua, afectación de biodiversidad, impactos en comunidades y olores, entre otros. A ello sumó el volumen de alertas ciudadanas recibidas: “La superintendencia ha recibido más de 1.200 denuncias, varias de ellas vinculadas a áreas protegidas”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de la estrategia, enfatizó Plumer, es consolidar un modelo que combine prevención, corrección y respuesta sancionatoria, apoyado en análisis de riesgo y herramientas tecnológicas. En esa línea, explicó que la intervención se organiza bajo una lógica escalonada donde la base corresponde al monitoreo ambiental y las acciones aumentan según el comportamiento observado. “Acá no hay recetas. Lo que se ha buscado es, a partir de las priorizaciones, focalizar capacidades y buscar objetivos”, remarcó.

La autoridad también repasó la evolución del enfoque tecnológico aplicado por la SMA en este sector, indicando que el monitoreo satelital comenzó a desarrollarse en 2014, que el monitoreo masivo de posicionamiento se consolidó desde 2018, y que el análisis de producción se fortaleció progresivamente hasta el monitoreo masivo desde 2023.

En el conversatorio posterior, Gastón Vidal, jefe de la División de Investigación en Acuicultura de IFOP, destacó la relevancia de la investigación aplicada para entender el funcionamiento de los ecosistemas donde se desarrolla la acuicultura y apoyar decisiones tanto del Estado como de los propios productores. Vidal explicó que IFOP ejecuta anualmente más de 50 proyectos con enfoque oceanográfico físico, químico y biológico, y detalló el uso de redes de monitoreo y modelación para proyectar fenómenos naturales y variables críticas. “Lo que persiguen estos modelos es (…) poder comprender cómo funciona un fiordo, su dinámica durante el año y las fluctuaciones interanuales”, señaló, mencionando avances en dominios modelados en Aysén y Magallanes, y desarrollos en dispersión de patógenos, FAN y oxígeno disuelto.

Desde la industria, Marcela Bravo, gerente de Proyectos y Estudios de SalmonChile, valoró el uso de herramientas tecnológicas en fiscalización y el tránsito hacia modelos preventivos. “Cualquier mecanismo que eficientice la fiscalización es bienvenido (…) pasar de un modelo más presencial (…) a un modelo tecnificado donde podemos monitorear a distancia y además es preventivo y permite gestionar el riesgo, creo que es positivo”, afirmó.

Bravo también resaltó indicadores de cumplimiento y planteó la necesidad de considerar el componente económico asociado a los sistemas de monitoreo. Según comentó, “prácticamente más del 90% de los expedientes terminan sin sanción”, lo que —a su juicio— refleja el compromiso de la industria con el cumplimiento ambiental. Sin embargo, advirtió que la implementación tecnológica también implica costos relevantes para las empresas: “Todo este sistema (…) lo financian las empresas, es una gran cantidad de millones de dólares”, señaló, llamando a evaluar resultados y eficiencia de forma compartida.

A su vez, Mónica Rojas, subdirectora de Acuicultura de Sernapesca, puso el acento en la coordinación interinstitucional como factor crítico para mejorar fiscalización y políticas públicas. Rojas sostuvo que el sector se desarrolla en un entorno “altamente complejo desde el punto de vista ambiental, productivo y social”, y recalcó que el intercambio de información permite pasar a enfoques más preventivos y basados en riesgo. “Hay muchos desafíos (…) que no se deben necesariamente a la ausencia de información, sino que muchas veces hay problemas de fragmentación (…) o falta de coordinación en la disponibilidad”, explicó.

La autoridad también apuntó a desafíos concretos hacia adelante, especialmente en interoperabilidad entre plataformas. “No solo basta poner a disposición del otro servicio la información (…) sino que esto sea de acceso automático a los sistemas de control que cada uno tenga”, señaló, agregando que una mejor coordinación contribuye también a mayor certeza regulatoria para el sector fiscalizado y a evitar duplicidades y burocracia.

Por parte de la sociedad civil, César Astete, director de Campañas de Pesca de Oceana, contextualizó la discusión desde la preocupación por impactos ambientales asociados a una actividad intensiva en el océano, mencionando temas como uso de antibióticos, escapes, sobreproducción y convivencia con sitios de alto valor ecológico. Astete valoró el enfoque de “gestión del cumplimiento” y su carácter preventivo, destacando el cambio cultural que busca instalarse en la relación entre Estado, regulados y fiscalización. “El incorporar miradas como la gestión del cumplimiento es muy importante (…) y el carácter preventivo que tiene”.

Asimismo, el representante de Oceana coincidió en que uno de los puntos críticos es la coordinación efectiva del Estado en materia de información, indicando que tanto organizaciones como empresas enfrentan fragmentación al buscar datos entre distintas entidades. “Lo que uno aspiraría es que (…) hubiera sistemas que le permitieran al Estado compartir esa información, tener tecnología que le permita que esa información sea ágil para la toma de decisiones”, afirmó, relevando también el aporte potencial de investigación, regulación sectorial y fiscalización integrada.

Al cierre de la actividad, la SMA reiteró que el objetivo final del trabajo es avanzar hacia cambios de comportamiento y cumplimiento efectivo de las exigencias ambientales, fortaleciendo capacidades institucionales y mejorando tiempos de respuesta. La estrategia, indicaron desde el organismo, busca además abrir nuevas líneas de control y prevención, junto con evaluar periódicamente sus resultados como parte de un enfoque de transparencia y mejora continua.