
La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal cuestionó la decisión de la Subsecretaría de Pesca de retirar el proyecto de nueva Ley de Pesca desde la discusión parlamentaria, advirtiendo efectos en la legitimidad del sector y en la estabilidad social en zonas costeras.
Desde la organización, su presidente, Hernán Cortés, calificó la medida como una “señal de debilidad política”, señalando que, a su juicio, esta decisión prolonga la vigencia del actual marco normativo.
“Retirar este proyecto es, en la práctica, darle ‘respiración artificial’ a la actual Ley Longueira”, afirmó el dirigente, quien además preside la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile (FENASPAR).
En esa línea, sostuvo que la determinación podría interpretarse como un freno a los cambios estructurales que el sector artesanal ha impulsado en los últimos años, en medio de un debate marcado por cuestionamientos a la normativa vigente.
Financiamiento y distribución de cuotas
Uno de los puntos planteados por la organización dice relación con los mecanismos de asignación de cuotas en el sector industrial. Según indicó Cortés, la ausencia de licitaciones o subastas limitaría la generación de recursos para iniciativas vinculadas al sector artesanal.
“Las licitaciones no son solo una herramienta técnica; también representan una fuente de financiamiento para avanzar en seguridad social, jubilaciones y apoyo a las familias del sector”, señaló.
El dirigente agregó que, si bien la reciente Ley de Fraccionamiento ha permitido ciertos ajustes en la distribución de recursos, aún persisten brechas en la asignación de cuotas que, a su juicio, debiesen ser abordadas en una reforma estructural.
Advertencias sobre el escenario social
Desde la Alianza también manifestaron preocupación por el impacto que podría tener la postergación de la reforma en las comunidades costeras, advirtiendo un aumento del malestar en el sector.
“La ciudadanía no va a aceptar que se mantenga una ley cuestionada. Si el camino institucional se dilata, el malestar puede aumentar”, sostuvo Cortés.
En ese contexto, la organización llamó al Ejecutivo a retomar el debate legislativo y avanzar en una propuesta que incorpore mecanismos de financiamiento, transparencia y participación para el sector pesquero.
Finalmente, la agrupación planteó la necesidad de que cualquier nueva agenda en materia pesquera considere criterios de sostenibilidad, equidad en la distribución de recursos y una mayor articulación entre los distintos actores de la actividad.

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