
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece un nuevo fraccionamiento de las cuotas pesqueras en Chile, reavivando polémicas sobre su impacto en la industria y las relaciones de confianza entre el Estado y el sector pesquero. El debate también trajo a colación la controvertida «Ley Longueira», que aún es criticada por su origen y efectos en la regulación pesquera.
La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) expresó su rechazo a la rapidez en la tramitación del proyecto, señalando que se omitieron aportes de expertos y acuerdos previos entre actores del sector. “Lamentamos que no se hayan tomado en cuenta diversas observaciones en la discusión. Esta iniciativa deja una incertidumbre jurídica y económica, deteniendo inversiones en un contexto de desaceleración económica”, indicó Sonapesca, subrayando que el nuevo fraccionamiento podría vulnerar derechos constitucionales de los titulares de las Licencias Transables de Pesca (LTP), vigentes hasta 2032.
Macarena Cepeda, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, también se mostró crítica y destacó que la medida «debilitará la posición de Chile como potencia pesquera mundial» y afecta especialmente a la región del Biobío, donde la pesca industrial tiene un rol fundamental en la producción de alimentos. “Esto precarizará el empleo en nuestra región, generando una situación vulnerable. Esperamos que el Senado actúe con sensatez, escuchando argumentos técnicos y promoviendo un desarrollo sustentable para todo el país”, afirmó Cepeda.
Ambas organizaciones coinciden en la necesidad de que se establezcan «certezas jurídicas» y se incluyan criterios científicos en el fraccionamiento de cuotas, además de ajustar el proyecto en el Senado para mitigar su impacto en la industria pesquera nacional y regional.

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