Blumar se suma a Camanchaca y anuncia demanda al Estado por Ley de Fraccionamiento

La empresa Blumar confirmó que avanzará en una demanda contra el Estado de Chile por los efectos económicos derivados de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Fraccionamiento, sumándose así a la acción judicial anunciada previamente por Camanchaca. La información fue dada a conocer por Radio Bío Bío.

De acuerdo con lo informado por el medio, desde Blumar señalaron que la compañía, junto al estudio jurídico que la asesora, se encuentra en la etapa final de elaboración de una demanda por los daños económicos asociados al cambio en el fraccionamiento de cuotas de captura de los principales recursos pesqueros. Desde la empresa calificaron esta modificación como una “expropiación sin compensación”, argumentando que vulnera la certeza jurídica al alterar convenios vigentes hasta el año 2032.

Radio Bío Bío consignó además que otras empresas del sector industrial estarían evaluando acciones legales similares. Es el caso de FoordCorp, de capitales noruegos y con operaciones en Coronel, cuyo gerente indicó que se encuentran trabajando con asesores jurídicos para definir los próximos pasos frente al nuevo escenario normativo.

Desde el ámbito político, el diputado Sergio Bobadilla, integrante de la Comisión de Pesca de la Cámara, señaló al medio que este escenario fue advertido durante la tramitación de la ley, mencionando informes previos que alertaban sobre eventuales efectos negativos para el sector industrial ante cambios en las cuotas de captura.

En tanto, el delegado presidencial en la Región del Biobío, Eduardo Pacheco, sostuvo que las empresas que se consideren afectadas pueden ejercer las acciones legales que estimen pertinentes dentro del marco del Estado de Derecho.

Finalmente, Radio Bío Bío informó que representantes de la pesca industrial manifestaron, a través de un comunicado, su respaldo a las empresas que han recurrido o recurrirán a tribunales, señalando que la Ley de Fraccionamiento marcaría un precedente al modificar derechos que, a su juicio, se encontraban plenamente vigentes hasta 2032.