
En medio de la controversia por el fallo arbitral que ordenó la restitución de US$217 millones más intereses a favor de Joyvio en el marco del caso Australis, los abogados defensores de Isidoro Quiroga emplazaron públicamente a sus contrapartes a ofrecer disculpas por lo que calificaron como una “campaña de desprestigio” contra su cliente y su familia.
El laudo arbitral descartó la existencia de dolo, es decir, intención de engañar, pero reprochó a los vendedores —entre ellos Quiroga— por entregar información incompleta durante el proceso de compraventa, omitiendo antecedentes relevantes que, según el tribunal, constituían representaciones y garantías contractuales incumplidas. Esto derivó en un ajuste de precio y en la orden de restitución, aunque se rechazó la solicitud de Joyvio de anular el contrato.
En entrevista con El Mercurio, Cristóbal Eyzaguirre, abogado de Quiroga y socio de Claro & Cía., sostuvo que el fallo confirma que “no se ocultó esta información al comprador” y que “no existe engaño ni dolo alguno”. Según el defensor, la compradora “conoció lo que hoy se denomina la sobreproducción de Australis” y las acusaciones difundidas por la prensa “no eran más que un ejercicio de presión de un grupo de connotados abogados que se comportaron de manera prepotente y muy alejados de lo que exige la dignidad de su profesión”.
Eyzaguirre apuntó directamente contra los abogados Sebastián Oddo, Jorge Bofill, Alberto Eguiguren y Gabriel Zaliasnik, afirmando que espera que “tengan la decencia profesional de reconocer su error y se disculpen, por los mismos medios de prensa que tanto usaron para conducir su brutal campaña de desprestigio”. A su juicio, “la necesidad de que se disculpen cae de cajón al revisar algunas de las decenas de entrevistas que han dado” y que, a su entender, contienen imputaciones “falsas” comprobadas como tales por la sentencia arbitral.
Consultado sobre la base de la condena arbitral, Eyzaguirre criticó que se sancionara por no haber revelado “sospechas de eventuales cambios regulatorios futuros” respecto a la sobreproducción, calificando el criterio como “insólito” y subrayando que el voto de mayoría “no respetó ninguno de los acuerdos de las partes”. Recalcó que el propio fallo reconoce que “no hubo dolo” y que el cambio de criterio fiscalizador de la Superintendencia de Medio Ambiente ocurrió dos años después de la venta, lo que —según el contrato— excluiría responsabilidad.
Desde la vereda opuesta, los abogados Oddo, Bofill, Eguiguren y Zaliasnik respondieron mediante una carta al director en el mismo medio, acusando a Eyzaguirre de “soberbia y condescendencia” y lamentando que “una derrota profesional, por muy importante que sea, lleve al abogado Eyzaguirre a extralimitarse en sus declaraciones”. Recordaron que su cliente fue condenado “a pagar la histórica cifra de US$300 millones” y que el Ministerio Público lo formalizó por estafa y administración desleal, anunciando que seguirán adelante con todas las acciones civiles y penales para reivindicar a Joyvio “acatando siempre las decisiones de los tribunales y respetando las instituciones”.


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