La Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal valoró que la Ley de Fraccionamiento haya sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso, asegurando que ello marca el fin de la cuestionada Ley Longueira.
Asimismo, desde la organización señalaron que la aprobación de la iniciativa representa un avance estructural en la política pesquera nacional, orientado a equilibrar las cuotas entre el sector artesanal e industrial, y que contempla una histórica redistribución de recursos por más de 160 millones de dólares hacia la pesca artesanal.
Sin embargo, las dirigentas expresaron su preocupación respecto a un punto clave: el recurso de la merluza, que ha sido el más afectado por esta reforma. En esa línea, afirmaron que las trabajadoras fileteadoras, charqueadoras y cientos de mujeres y hombres que dependen de este recurso quedaron fuera de la protección efectiva de la nueva legislación.
Para la presidenta de la Corporación, Sara Garrido, “la merluza —fuente histórica de empleo femenino en caletas del centro y sur del país— ha sido el precio a pagar en este acuerdo. Si bien hay avances, no podemos hablar de una ley justa si su implementación deja atrás a comunidades completas que dependen de un solo recurso para subsistir”.
En ese sentido, adelantó que “insistiremos en la urgencia de aplicar medidas más estrictas de administración sobre este recurso. No podemos cerrar los ojos ante la pesca de arrastre de la industria, la pesca ilegal, ni ante la necesidad de fiscalizar la medida de malla en el sector artesanal. En especial, es imperativo regular la talla mínima de captura de la merluza común, si queremos asegurar su sostenibilidad y la continuidad del trabajo que de ella depende”.
“Llamamos al Ejecutivo, a la Subsecretaría de Pesca y a quienes impulsaron esta reforma a no ignorar estas alertas y a proteger a las trabajadoras, lo que también implica proteger el recurso que les da sustento”, sentenció Garrido.
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