En esta misma línea, Sandoval señaló que “el Gobierno tampoco fue capaz de presentar un informe técnico para calcular realmente cuántas personas quedarían sin empleo con su reforma.
La ley de fraccionamiento pesquero está en su fase final de tramitación, luego de que ayer la comisión mixta, que revisa la norma en el Congreso, despachara la mayoría de los artículos que se están debatiendo.
Según la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), principal gremio de pesqueras industriales del país, lo aprobado por el Congreso implica un traspaso de 400 mil toneladas de recurso marino hacia los pescadores artesanales, lo que tendrá un grave impacto sobre el empleo formal, provocando que casi todas las empresas deban achicarse y algunas de ellas cerrarse.
Tal es el caso de PacificBlu, que ya anunció su cierre dado que la fórmula aprobada para la captura de la merluza común, que deja un 52% de la cuota para el sector artesanal y un 48% para el industria -en comparación al 60% que tiene actualmente bajo la normativa del 2013-, hace totalmente inviables sus operaciones en la VIII Región, dejando sin empleo a más de 800 trabajadores directos –68% mujeres-, junto a otros 2.400 de forma indirecta.
“El Gobierno nunca tuvo una real intención de escuchar a todos los sectores. Si bien realizó varias reuniones prelegislativas, éstas se limitaron a cumplir con el trámite de mostrar una aparente apertura al diálogo. En la práctica, fue un ejercicio superficial, un diálogo de sordos, ya que se ignoraron completamente los argumentos presentados sobre el impacto que esta normativa tendría en el empleo formal y descentralizado que genera el sector industrial”, precisó el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval.
“Como resultado, miles de personas han quedado sin trabajo. Esta actitud refleja una profunda incoherencia: por un lado, se promueve una agenda para mitigar los efectos del cierre de Huachipato, mientras por otro se impulsa una normativa que provoca un verdadero terremoto social en regiones que dependen de la industria”, agregó.
En esta misma línea, Sandoval señaló que “el Gobierno tampoco fue capaz de presentar un informe técnico para calcular realmente cuántas personas quedarían sin empleo con su reforma. Nos parece un acto sumamente poco prudente en un momento en que la economía está muy dañada”.
Asimismo, el presidente del gremio pesquero industrial explicó que las nuevas regulaciones para el jurel y la anchoveta, “no favorecerán a los pescadores artesanales más pequeños, ya que para la captura de estos recursos se necesitan embarcaciones mayores, por lo que lo aprobado se traducirá en un traspaso de 150 millones de dólares mal focalizados, sin llegar a los más chicos, incumpliendo con su criterio de equidad”.
