
Desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal manifestaron estar de acuerdo con el anuncio de la separación del tema fraccionamiento del proyecto de nueva ley de pesca a través de un nuevo proyecto de ley que ha presentado el ejecutivo con suma urgencia. En palabras de su vocero, Hernán Cortés, “Porque esto hace frente a una de las mayores demandas que ha venido sosteniendo la pesca artesanal desde que se aprobó la ley Longueira, que tiene que ver con un fraccionamiento justo para la pesca artesanal”.
El dirigente, también manifestó que “creemos que todavía falta mucho para que el proyecto llegue al piso mínimo que solicitamos, y si bien recoge algunas de las prerrogativas que ha sostenido la pesca artesanal, como por ejemplo que la asignación de cuotas sea consecuente con quien efectivamente realiza la pesca, esto no ocurre con algunas de las pesquerías, como por ejemplo la sardina y anchoveta, dado que la captura de este recurso lo hace 100% del mundo artesanal, por tanto, mantenemos nuestra posición de que las cuotas de sardina y anchoveta se asignen 100% a artesanales, y en el caso del jurel, sea 50% para la Industria y 50% para la pesca artesanal, por ejemplo”.
Por otro lado, Cortés enfatizó que “Entendemos que esto responde al trámite legislativo que se está dando en la comisión de pesca
del proyecto de Nueva Ley de Pesca, en el que un grupo de parlamentarios que se han dedicado a entorpecer el proceso, por tanto, consideramos positivo que el tema fraccionamiento, que es uno de los elementos que genera más controversia, sea separado y discutido en una ley distinta”.
Finalmente, el dirigente clarificó que “Esto no quiere decir que desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal abandonemos las definiciones que hemos planteado como agrupación, sino todo lo contrario mantenemos firme nuestra convicción de que la nueva ley de pesca debe ser en aprobada, que necesitamos un fraccionamiento justo para la pesca artesanal, una plataforma social que sea financiada a partir de lo recaudado por licenciamiento industrial y la nulidad de la Ley símbolo de la corrupción en Chile, la Ley Longueira”.

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