«El senador Gastón Saavedra tiene historia con la pesca. En una investigación de La Tercera apareció su nombre ligado a la recepción de dineros por parte de ASIPES, por cuanto cuando señala que estaría dispuesto a abrir sus cuentas le tomamos la palabra y le pedimos que lo haga público sin la necesidad de que un tribunal lo ordene», sostuvo Pascual Aguilera, presidente de CORANOR y vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal.
Sin ser miembro de la Comisión de Pesca de la Cámara Alta, el senador socialista por la región del Biobío se presentó a la sesión de este miércoles 14, en la que se comenzó a ver en segundo trámite la Ley de Fraccionamiento, aprobada por amplia mayoría de 111 votos a favor, 4 en contra y 18 abstenciones en la Cámara de Diputados. En la ocasión, el parlamentario presentó una solicitud de inconstitucionalidad del proyecto de nuevo fraccionamiento, lo que generó indignación en el mundo de la pesca artesanal.
Hernán Cortés, vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, señaló que «el senador Saavedra se transformó en el Bobadilla del Senado, buscando dilatar la discusión entorpeciéndola con este tipo de artimañas», aludiendo al rol que jugó el diputado UDI Sergio Bobadilla durante el primer trámite en la Cámara Baja.
Sara Garrido, presidenta de la Corporación de Mujeres de la Pesca Artesanal y también vocera de la Alianza, planteó que «el proyecto de nuevo fraccionamiento alcanzó una aprobación abrumadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, y ha tenido una larga discusión con argumentos de todas las partes. Nos parece sospechoso que un senador que no es parte de la comisión se haga presente y amenace con detener el proyecto, utilizando herramientas como el Tribunal Constitucional. Nos parece que es una defensa de los intereses de las pesqueras, más que lo que señala el senador».
Finalmente, Hernán Machuca, vocero del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), manifestó que “el proyecto de nuevo fraccionamiento viene a hacer justicia con la pesca artesanal, luego de una década sufriendo las consecuencias del fruto de la corrupción. No es posible que nuevamente en el Congreso Nacional se esté planteando mantener los privilegios a las pesqueras».

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