Senado debate cambios a la Ley Lafkenche en medio de denuncias de abusos y corrupción

En medio de crecientes tensiones, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado analizó este miércoles el proyecto que busca perfeccionar la Ley N° 20.249, que crea los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), también denominada como Ley Lafkenche. A la instancia fue invitado el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, quien abordó los conflictos generados por las solicitudes de ECMPO y su interpretación normativa.

Salas afirmó que los problemas actuales no derivan del contenido legal, sino de “interpretaciones expansivas” que exceden el marco de la norma. También cuestionó el accionar de algunas Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC), señalando que han asumido interpretaciones que se alejan del espíritu original de la ley y que han generado impactos sobre la actividad económica.

Durante la sesión se analizaron dos instrumentos clave impulsados por el Ejecutivo: un instructivo del Ministerio del Interior, enviado a todas las delegaciones presidenciales regionales, que reafirma la compatibilidad entre los ECMPO y la pesca artesanal; y una resolución de Subpesca, dictada en octubre de 2024, que endurece los criterios de admisibilidad para las solicitudes, exigiendo fundamentos más sólidos antes de acogerlas a trámite.

El senador Fidel Espinoza respaldó la necesidad de ordenamiento, pero advirtió sobre graves consecuencias prácticas de la situación actual. “El problema lo tenemos de Puerto Montt al sur, donde existen intereses económicos fuertes (…). Lo que está ocurriendo derechamente son cobros por desafectación de áreas y cobros millonarios. Ya hasta con asesores, llegan abogados a hacer la previa a la actividad corrupta, porque efectivamente es una corrupción”, acusó.

Cuestionamientos a la CONADI

Uno de los puntos más polémicos fue el rol de la CONADI en la validación de usos consuetudinarios en zonas donde, según los senadores, no existen antecedentes suficientes. “Con su informe (de la CONADI) se terminó validando lo que en la práctica significó un desastre en la región de Aysén”, planteó el senador Alejandro Kusanovic, quien pidió que el instructivo en cuestión también se haga llegar a la corporación.

Consultado sobre el eventual ingreso de indicaciones del Ejecutivo al proyecto, el subsecretario Salas aclaró que ello obligaría a realizar consulta indígena previa. “Somos prudentes respecto del trámite legislativo, pero obviamente respetamos las competencias que tiene la Comisión para desarrollar el debate”, afirmó.

Sandoval, por su parte, enfatizó los efectos negativos tanto para las comunidades como para la economía local. “Estamos en un escenario no de gana-gana, sino de pierde-pierde. Muchas solicitudes legítimas tienen difícil tramitación, mientras otras sin el mismo grado de legitimidad están impactando negativamente a la actividad económica”, sostuvo.