Un grupo de 27 investigadoras e investigadores vinculados al estudio de mamíferos marinos cuestionó la posibilidad de establecer cuotas de captura de lobos marinos como respuesta a las interacciones que mantienen estos animales con la pesca artesanal. Los especialistas sostienen que reducir la población no resolvería de manera efectiva y sostenida el problema y advierten sobre eventuales consecuencias ecológicas, económicas y comerciales.
La declaración surge en medio de la discusión que se ha generado por las dificultades denunciadas por pescadores artesanales, particularmente durante la extracción de merluza. El pasado 21 de julio, durante una sesión de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados, representantes del sector plantearon esta problemática ante parlamentarios y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia.
En la instancia, Urrutia señaló que la población de lobo marino común se situaría entre 112.000 y 150.000 individuos y afirmó que Subpesca se encuentra al tanto de las dificultades que genera su interacción con la actividad pesquera. Según explicó, desde 2018 se han desarrollado censos y evaluado medidas disuasivas, aunque estas últimas han entregado resultados «dispares».
En ese contexto, el subsecretario manifestó la disposición de la autoridad a estudiar una alternativa hasta ahora no explicitada.
“La única medida que hasta ahora no se ha explicitado y creemos que debe ser considerada para contribuir, junto con otras soluciones, es que estamos disponibles (…) para analizar la posibilidad de fijar una cuota o una caza selectiva”, señaló Urrutia.
Actualmente, el lobo marino común se encuentra sujeto a una veda extractiva que fue establecida en 1995 y renovada en 2021 por un período de diez años, hasta 2031.
Científicos cuestionan efectividad de reducir la población
Frente a esta discusión, los 27 científicos suscribieron una declaración en la que sostienen que la evidencia internacional disponible no respaldaría la reducción del número de animales como una solución efectiva y sostenida para disminuir las interacciones con las pesquerías.
Según explican, estas interacciones suelen concentrarse en torno a artes de pesca que ofrecen una fuente predecible de alimento y pueden estar asociadas a conductas aprendidas por determinados individuos. Agregan que experiencias internacionales de caza experimental, control y traslado han mostrado que el problema puede persistir debido al retorno de los animales o al reemplazo de aquellos removidos por nuevos individuos.
“Algunas evaluaciones indican además que lograr reducciones significativas de las interacciones requeriría remover fracciones muy altas de la población de lobos marinos, en ciertos casos del orden del 50% de la abundancia total, y sostener esa extracción en el tiempo; un escenario biológico, ética y legalmente inviable”, sostienen en la carta.
Los firmantes también cuestionan que exista una relación directa entre la cantidad de lobos marinos y la disponibilidad de peces para las pesquerías. Según plantean, estos mamíferos consumen una variedad de presas, tanto comerciales como no comerciales, y cumplen un papel como depredadores dentro de las tramas tróficas marinas.
A juicio de los investigadores, reducir su población podría generar impactos sobre los ecosistemas y producir incluso consecuencias económicas contraproducentes para las mismas pesquerías que se pretende beneficiar.
Cuestionan existencia de una «sobrepoblación»
La declaración aborda además la percepción de que existiría una «sobrepoblación» de lobos marinos y sostiene que esta no estaría respaldada por la evidencia disponible.
De acuerdo con los científicos, algunas poblaciones de lobo marino común se han recuperado después de la explotación comercial experimentada durante el siglo pasado y de las posteriores décadas de protección. Sin embargo, afirman que esa recuperación ha sido heterogénea y no constituye por sí sola evidencia de una abundancia excesiva.
Los firmantes sostienen además que los resultados de censos poblacionales muestran que las poblaciones se han mantenido estables durante los últimos 30 años. Por ello, plantean que el aumento de las interacciones con la pesca no puede explicarse únicamente por el número de animales.
Entre los factores que, según la declaración, pueden contribuir al conflicto se encuentran la disminución de recursos pesqueros producto de capturas superiores a niveles sostenibles, cambios ambientales como el Fenómeno de El Niño y la habituación de algunos ejemplares a la presencia humana. A ello suman la alimentación intencional de fauna en las caletas y el acceso de los animales a residuos pesqueros y urbanos.
Los investigadores advierten también que una eventual caza agregaría una nueva fuente de mortalidad a otras amenazas que enfrenta la especie. Entre ellas mencionan la captura incidental asociada a las pesquerías, que puede provocar lesiones, asfixia y muerte, además del efecto de marejadas, el Fenómeno de El Niño en el norte del país y el brote de influenza aviar H5N1 registrado en 2023.
Respecto de este último episodio, reconocen que todavía se desconocen sus impactos sobre las poblaciones de lobo marino y consideran urgente avanzar en su estudio. En ese escenario, sostienen que autorizar una nueva fuente de mortalidad sin contar con estimaciones regionales actualizadas sobre abundancia y mortalidad total no sería compatible con un manejo precautorio de la especie.
Advierten posibles efectos comerciales
La carta incorpora también una dimensión comercial a la discusión. Los científicos apuntan a las exigencias establecidas por la Marine Mammal Protection Act de Estados Unidos para las pesquerías extranjeras que exportan productos hacia ese mercado.
Según explican, desde el 1 de enero de 2026 estas pesquerías deben demostrar estándares comparables de protección de mamíferos marinos. En la evaluación realizada a Chile, agregan, la autoridad estadounidense habría considerado positivamente la veda del lobo marino común vigente entre 2021 y 2031 como uno de los antecedentes relevantes para controlar la mortalidad intencional.
A partir de ello, los firmantes advierten sobre una eventual consecuencia para las actividades pesqueras que exportan hacia ese mercado.
“Una autorización que permita cazar lobos marinos durante operaciones de pesca comercial podría exponer a la pesquería afectada a restricciones y aranceles”, señalan.
La declaración no sostiene que estas consecuencias se producirían automáticamente en caso de modificarse la actual protección, sino que las plantea como un riesgo que, a juicio de los investigadores, debería ser considerado dentro de la evaluación de una eventual medida.
Proponen alternativas a la caza
Pese a cuestionar el establecimiento de cuotas de captura, los científicos reconocen la existencia del conflicto entre lobos marinos y actividades pesqueras y plantean una serie de medidas destinadas a disminuir estas interacciones.
Entre las alternativas mencionan mejoras en las artes de pesca, modificaciones en las operaciones, un manejo adecuado de residuos y descartes tanto en las caletas como en el mar, medidas para prevenir la alimentación de fauna silvestre y el desarrollo de estrategias adaptadas a las características de cada pesquería.
La declaración fue suscrita por especialistas pertenecientes a distintas universidades, centros de investigación y organizaciones científicas, entre ellas la Universidad de Valparaíso, Universidad de Chile, Instituto Milenio BASE, Instituto Antártico Chileno, Universidad Santo Tomás, Universidad Austral de Chile, Universidad Andrés Bello, Universidad de Concepción, Universidad de Los Lagos, University of Exeter, Universidad Arturo Prat, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Suroriental (COPAS), Centro Ballena Azul, Museo de Historia Natural Río Seco y Fundación Melimoyu, entre otras.
En el cierre de la carta, los investigadores llaman a que las decisiones relacionadas con el manejo de fauna marina consideren tanto la evidencia científica como sus posibles consecuencias ecológicas, sociales y económicas.
“La conservación de los lobos marinos y la sustentabilidad de las pesquerías no son objetivos incompatibles; requieren políticas públicas con enfoque ecosistémico que aborden las causas del conflicto y promuevan soluciones de largo plazo”, concluyen los firmantes.
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