La salmonicultura chilena enfrenta nuevamente una definición que puede marcar su desarrollo durante los próximos años. El proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, conocido como megarreforma, incorporó cambios largamente discutidos por el sector para abordar algunas de las trabas que han limitado su operación y crecimiento. Hoy, parte de esa iniciativa enfrenta requerimientos ante el Tribunal Constitucional.
No es una discusión menor para quienes viven directa o indirectamente de esta actividad. Productores, trabajadores, proveedores, emprendedores y comunidades del sur forman parte de una cadena que se ha construido durante décadas y que hoy sostiene, según estimaciones sectoriales, alrededor de 86 mil empleos. A ello se suma una extensa red de proveedores, de más de 4.000 pequeñas y medianas empresas.
Por eso, este no debiera ser un momento de indiferencia.
En 2023, cuando la discusión de la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas generó incertidumbre sobre el futuro de la actividad, miles de trabajadores salmoneros salieron a las calles. Hubo movilizaciones en Puerto Montt, Chiloé y Puerto Natales. Más allá de las legítimas diferencias que existían sobre aquella legislación, quedó una imagen difícil de desconocer: una industria capaz de comprender que detrás de una discusión regulatoria también estaban en juego empleos, inversiones y el desarrollo de territorios completos.
Tres años después, la situación es distinta, pero vuelve a plantear una pregunta similar: ¿será capaz la salmonicultura de actuar como una sola cadena cuando se discuten las condiciones que determinarán su futuro?
La megarreforma contiene medidas que responden a problemas que la industria viene planteando desde hace años. Uno de los ejemplos más evidentes son las relocalizaciones de concesiones acuícolas. Desde que el mecanismo fue incorporado en 2010 se han presentado 1.060 solicitudes ante Sernapesca y solo dos han prosperado, de acuerdo con antecedentes oficiales. El proyecto modifica este sistema para que no toda relocalización deba ingresar obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y contempla un tratamiento específico para ajustes cartográficos menores.
No se trata, por tanto, de plantear una disyuntiva entre desarrollo y protección ambiental. Una regulación moderna debe ser exigente cuando existen impactos que evaluar y, al mismo tiempo, capaz de distinguir entre una modificación sustantiva y un ajuste que no produce los mismos efectos. Mantener durante años procedimientos que prácticamente no consiguen resolver solicitudes tampoco parece una señal de buena regulación.
El proyecto aborda además el régimen de caducidad por no uso de las concesiones, reemplazándolo por un sistema de patente incrementada. La modificación contempla un cobro de 6 UTM por hectárea por cada año de no utilización desde el tercer año y de 16 UTM una vez transcurridos 54 meses de inactividad, considerando las excepciones establecidas legalmente.
También incorpora cambios relacionados con la generación de información ambiental. Entre ellos se encuentran nuevas exigencias de monitoreo de variables como temperatura, salinidad, oxígeno, pH y fluorescencia, además de mecanismos para mejorar la coordinación y el uso compartido de información entre organismos públicos. Es decir, agilizar determinados procedimientos no supone necesariamente dejar de medir.
El potencial económico tampoco puede quedar fuera de esta discusión. Un análisis presentado recientemente por el Consejo del Salmón estimó que cuatro ajustes regulatorios, entre ellos las microrelocalizaciones, podrían permitir un incremento productivo de entre 4% y 8% y generar entre 1.800 y 5.400 nuevos puestos de trabajo en Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Chile necesita una salmonicultura ambientalmente responsable, fiscalizada, innovadora y capaz de mejorar permanentemente sus estándares. Pero también necesita una industria que pueda proyectarse, invertir y competir.
La industria salmonicultora también tiene derecho a hacer presente su posición.
Y aquí el llamado debe superar a las empresas productoras. Es una convocatoria a trabajadores, sindicatos, proveedores, emprendedores, transportistas, profesionales, centros tecnológicos y a todos quienes forman parte de esta cadena productiva.
Porque cuando una industria sostiene decenas de miles de empleos y articula buena parte de la economía del sur austral, las decisiones que condicionan su futuro dejan de pertenecer únicamente a las empresas.
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