SalmonChile ficha a abogados Luis Cordero y Patricio Zapata para alegatos ante el Tribunal Constitucional

Miércoles 12 de agosto de 2026. SalmonChile, principal gremio salmonero del país, fichó a los abogados Luis Cordero y Patricio Zapata para representar sus intereses ante el Tribunal Constitucional, instancia que hoy comenzará a escuchar a las diferentes partes involucradas y que mañana dará paso a las audiencias públicas con motivo de los requerimientos presentados por un grupo de parlamentarios de oposición para intentar impugnar diferentes artículos de la Ley de Reconstrucción aprobada recientemente por el Congreso Nacional.  

Los abogados Cordero (ex ministro de Justicia y experto en derecho administrativo) y Zapata (con amplia trayectoria en derecho constitucional y público) defenderán la postura de SalmonChile, organización gremial que estima que los artículos N°5 (microrrelocalizaciones) y N°6 (pago de  las inspecciones de bancos naturales por parte de privados) del proyecto de Ley de Reconstrucción cumplen cabalmente con las normas y principios constitucionales.

Asimismo, en SalmonChile consideran que dichas materias fortalecen la protección ambiental al resolver trabas históricas que durante años han impedido avanzar en mejoras ambientales concretas para la actividad acuícola.

“Las microrrelocalizaciones son una solución muy positiva a un problema histórico de nuestro sector, pues permiten movimientos menores de los centros de cultivo hacia zonas con mejores condiciones ambientales y sanitarias, manteniendo los niveles de producción autorizados por las Resoluciones de Calificación Ambiental ya otorgadas. Esta alternativa permite compatibilizar la protección del medioambiente con el bienestar de los salmones en cultivo y, al mismo tiempo, contribuir a la continuidad del empleo y de la actividad productiva en la zona sur austral”, aseguró el presidente de SalmonChile, Patricio Melero.

Asimismo, desde el gremio destacan que el sistema de relocalizaciones lleva más de 15 años entrampado, con solo una solicitud aprobada de más de mil presentadas. Destrabarlo permitirá entregar certeza jurídica, impulsar la sostenibilidad y compatibilizar el desarrollo productivo con la protección del medioambiente, además de resguardar los más de 86 mil empleos y la actividad de más de 4 mil pymes que forman parte de la cadena acuícola en las regiones del sur de Chile.