
Con 122 votos a favor, 15 en contra, dos abstenciones y una inhabilitación, este martes 17 de junio la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión mixta sobre la ley de fraccionamiento pesquero. Esto deja al proyecto a un paso de convertirse en ley, ya que solo queda su paso por la Sala del Senado.
El acuerdo legislativo incluye una nueva distribución de la cuota de la merluza común entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, tras un intenso debate que involucró críticas desde la oposición al Ejecutivo por errores en las cifras entregadas previamente por el subsecretario de Pesca Julio Salas, así como por la falta de diálogo durante la tramitación. También se cuestionó la patente aprobada y se advirtió sobre eventuales efectos expropiatorios, abriendo la posibilidad de acciones judiciales por parte del sector industrial.
En contrapartida, desde el oficialismo se destacó que el proyecto representa un avance para el sector artesanal y un paso clave en la superación de la actual ley de pesca, la cual, según el Ejecutivo, fue impulsada por intereses indebidos de la industria: “Esto luego de la intervención indebida e ilegal de agentes interesados de la pesca industrial durante su tramitación».
Pese al respaldo mayoritario, no hubo consenso total en el oficialismo. La diputada Karol Cariola (PC) expresó su desacuerdo con el acuerdo sobre la merluza y solicitó al Gobierno ingresar un veto para corregir esta materia. En la misma línea crítica, la diputada Camila Rojas (Frente Amplio) apuntó a la empresa Pacific Blu por haber revertido su decisión de cierre tras la asignación de la nueva cuota.
La distribución
La propuesta aprobada establece que, si la Captura Global Anual Autorizada de la merluza común es inferior a 35.020 toneladas, el fraccionamiento será de 45% para la pesca artesanal y 55% para la industrial. Para el besugo —considerado fauna acompañante de la merluza común— se definió un reparto de 95% para el sector industrial y 5% para el artesanal entre Atacama y Los Lagos.
Además, se aprobó una gradualidad para los ajustes relacionados con la reineta y se estableció una cuota dinámica anual para la sardina española y la anchoveta del norte: entre 55% y 85% para los artesanales, y entre 15% y 45% para los industriales. Se prohibieron perforaciones en las cinco millas reservadas a la pesca artesanal.
Finalmente, se introdujo un nuevo cobro —una patente— para los titulares que obtengan cuotas de jurel en instancias internacionales, aplicable a las capturas realizadas en la zona económica exclusiva del país, según informó el Ministerio de Economía.
La jornada legislativa estuvo marcada por dos suspensiones temporales de la sesión, debido a falta de quorum.
Reacción del Ejecutivo
Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Nicolás Grau tomó la palabra posterior a las votaciones para valorar los acuerdos alcanzados y el que se haya hecho “justicia” con la pesca artesanal.
Explicó que “esto va a permitir que desde el sector industrial exista un traspaso de cuotas hacia el sector artesanal, por un monto que equivale a 160 millones de dólares».
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