Corte de Apelaciones de Punta Arenas falla a favor de exgerente general de Nova Austral

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas dictó una sentencia que absuelve de manera unánime a Nicos Nicolaides Bussenius, exgerente general de la empresa salmonera Nova Austral S.A., poniendo fin a un proceso judicial de más de cinco años. El tribunal de alzada acogió los argumentos de la defensa, revocando la condena por contaminación de aguas y confirmando la absolución por fraude de subvenciones dictada en el juicio oral, determinando que no existe responsabilidad penal del ejecutivo en los hechos investigados.

La resolución de la Corte se fundamenta en criterios jurídicos que sientan un precedente relevante para la industria acuícola, tras el exitoso recurso de nulidad interpuesto por los abogados Alejandro Espinoza e Ignacio Sotomayor. Respecto a la supuesta existencia de un delito ambiental, la defensa logró que la Corte estableciera que el artículo 136 de la Ley General de Pesca exige la acreditación de un daño efectivo a los recursos hidrobiológicos para configurar el ilícito. De esta manera, el tribunal determinó que no basta la mera infracción administrativa o la sobreproducción si no existe un impacto ambiental fehacientemente probado en los recursos hidrobiológicos.

Asimismo, la sentencia confirmó la tesis de la defensa en cuanto al descarte del fraude de subvenciones, estableciendo que no existió perjuicio fiscal. 

“Valoramos la sentencia unánime de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que absolvió a don Nicos Nicolaides, ex gerente general de la empresa salmonera Nova Austral, de la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público y el CDE, por el delito de fraude de subvenciones de 55.000 millones y delito ambiental”, señaló el abogado de Nicolaides, Alejandro Espinoza.

Agregó que “este contundente fallo ratifica la inocencia de don Nicos Nicolaides, estableciendo la inexistencia del delito ambiental imputado y ratifica el fallo del Tribunal Oral de Punta Arenas que absolvió a Nicolaides del delito de fraude de subvenciones, atendido que no se acreditó el perjuicio fiscal ni el engaño propio de este delito”. 

El equipo legal acreditó que las bonificaciones de la Ley Navarino cuestionadas provenían de ciclos de producción lícitos y previos a los hechos investigados, descartando así cualquier tipo de engaño al Fisco. Como consecuencia de este razonamiento, el fallo dejó a firme el rechazo íntegro de la demanda civil interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la cual ascendía a los $59.500 millones.

“Esta sentencia pone término definitivo a este proceso que siempre estimamos infundado, rechazando también la demanda civil interpuesta por el fisco”, explicó Espinoza.

Respecto a Nicos Nicolaides, quien dejó la gerencia general de la compañía en 2019 al inicio de la investigación, queda tras esta sentencia sin condenas penales vigentes ni obligaciones indemnizatorias. 

Para el equipo legal, este fallo es fundamental, ya que entrega certeza jurídica al sector, al reafirmar que la persecución penal ambiental exige estándares de prueba rigurosos y no puede basarse únicamente en faltas de carácter reglamentario.