
En el marco de su aniversario número 30, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (AFUS) manifestó su preocupación ante la falta de propuestas claras en materia pesquera y acuícola por parte de las candidaturas presidenciales, así como por la ausencia de avances del actual Gobierno en la implementación efectiva de la nueva Ley de Pesca.
Durante los últimos dos años, la AFUS, que agrupa a casi 800 asociados a nivel nacional, representando al 70 % de la dotación del Servicio, ha sostenido una veintena de reuniones con autoridades de Gobierno para presentar las necesidades de fortalecimiento institucional y proponer un aumento en la recaudación fiscal que permita que la labor fiscalizadora esté a la altura de las demandas del sector. Sin embargo, denunciaron que aún no existen señales claras de compromiso político para robustecer al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
“El debilitamiento de Sernapesca no solo impacta nuestras condiciones de trabajo; pone en riesgo el resguardo de los recursos marinos, la sostenibilidad de la actividad. La ausencia de definiciones políticas claras no es una omisión técnica: es una señal de desinterés hacia la soberanía alimentaria y la sustentabilidad del país”, expresó el presidente nacional de AFUS, César Acuña.
En cifras
De acuerdo con cifras del gremio calificadas como «alarmantes», el presupuesto anual destinado al control y vigilancia representa apenas el 0,6 % de los ingresos de la industria fiscalizada. Esto se traduce en un fiscalizador cada 72 kilómetros de costa y menos de dos funcionarios por cada uno de los 585 puntos de desembarque pesquero del país.
Desde AFUS señalaron que Chile necesita una política pesquera y acuícola acorde con los desafíos actuales, reiterando su llamado al Gobierno y a quienes aspiran a gobernar a otorgar prioridad al fortalecimiento del Sernapesca y garantizar que la nueva Ley de Pesca se cumpla efectivamente.
«Sin recursos suficientes, personal idóneo y herramientas tecnológicas, se continuará favoreciendo a quienes lucran con la pesca ilegal y afectando la seguridad alimentaria del país», concluyó César Acuña.



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