Para Osciel Velásquez, pdte. de Sonapesca, el proyecto enfrenta críticas por su posible impacto en licencias de pesca, asignaciones y cuotas.
Un llamado al gobierno a privilegiar un trabajo acucioso y no apurar innecesariamente la tramitación del proyecto para una nueva Ley General de Pesca y Acuicultura formuló el dirigente pesquero Osciel Velásquez, presidente de la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Región de Coquimbo (AIP) y de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).
El personero reaccionó de esta manera ante la decisión del gobierno de asignar suma urgencia a la discusión del proyecto, lo que condujo a que la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados aprobara en general el proyecto el pasado miércoles 20 de marzo, pese a que la votación no se hallaba en tabla y cuando aún no se ha concretado el proceso de consultas regionales comprometido por la propia comisión.
La propuesta legal, que se encuentra en primer trámite constitucional, contiene 375 artículos más 28 disposiciones transitorias, introduciendo una serie de cambios para las actividades económicas que se desarrollan en el mar chileno, los que han despertado críticas desde los diversos ámbitos de la pesca y acuicultura.
“Estamos todos de acuerdo en construir una buena ley, pero no esta; pensamos en una ley que sea sustentable, que vaya en apoyo del consumo humano, que nos cuidemos de la pesca ilegal, y en esa construcción queremos participar; hoy día hemos estado ausentes y sentimos que no es lo correcto”, afirmó Velásquez.
Entre otros problemas, el proyecto de ley establece una disminución de 20 a 10 años en la durabilidad de las licencias de pesca otorgadas a las empresas del sector, limitando el horizonte de inversiones en materiales como barcos pesqueros y plantas de proceso. En el caso de la pesca industrial, se aumenta drásticamente la proporción de asignaciones a través de subastas públicas, beneficiando a las empresas más grandes y perjudicando a las medianas y pequeñas; también se rebaja notablemente las cuotas disponibles en varias de las principales pesquerías, sin un argumento técnico que lo justifique y con el desacuerdo, incluso, de asociaciones de la pesca artesanal del norte.
Pese a la complejidad técnica del tema, en la citada comisión no se ha escuchado a todas las partes involucradas. De hecho, existen audiencias pendientes para que los diputados viajen a las regiones de Maule (22 de marzo), Biobío (4 de abril), Los Lagos (11 de abril), Aysén (18 de abril, fecha sin confirmar), y probablemente, Magallanes. La región de Coquimbo no sería considerada.
“Siento que el gobierno está apurando esto. Si queremos construir algo bueno, tenemos que hacerlo bien. La región de Coquimbo no ha sido escuchada, se han hecho reuniones y el gobierno no ha venido a juntarse con nosotros, no ha habido una sesión de la comisión, y tengo entendido que a otras regiones tampoco: si fueron a Iquique y Caldera, por qué no ha ido a Coquimbo, Magallanes, Puerto Montt, Talcahuano. El gobierno está hablando de escuchar a los territorios, escuchar a las regiones; creo que esto no está bien”, observó el dirigente.
