
La CONDEPP y la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal advirtieron que si el gobierno no coloca urgencia legislativa a la nueva Ley de Pesca, el proyecto podría quedar paralizado en el Congreso, lo que impediría anular la llamada Ley Longueira.
Por ello, la pesca artesanal volvió a emplazar directamente al Ejecutivo, pero esta vez, el Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) y la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, pidieron al Presidente Gabriel Boric que se involucre en el tema y coloque discusión inmediata a la normativa, actualmente en tramitación en la Cámara de Diputados.
Para ambas organizaciones sin una señal política clara del Ejecutivo, la iniciativa corre el serio riesgo de repetir la historia de la nulidad de la Ley Longueira, que durante años ha permanecido congelada en el Congreso, pese a los antecedentes de corrupción que fueron ratificados por tribunales.
“Nos preocupa profundamente que una nueva administración —eventualmente de oposición— decida frenar este proyecto. Presidente Boric: usted se comprometió con la pesca artesanal cuando era candidato. Hoy le pedimos coherencia y decisión, otorgando discusión inmediata para que esta ley sea votada en la Cámara antes de fin de año”, dijo Hernán Cortés, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza.
La urgencia: proteger la Plataforma Social
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de una Plataforma Social para la pesca artesanal, con lo que se busca saldar una deuda histórica con un sector que opera en condiciones de alto riesgo, sin seguros, sin protección laboral efectiva y con mínimos mecanismos de seguridad social.
Esta plataforma —afirman desde el sector artesanal— solo será posible si el proyecto avanza ahora, debido a que su financiamiento depende de la recaudación generada por las licencias transables de pesca industrial (LTP-B), que el proyecto propone someter a subasta.
“Lo que está en juego no es solo una ley, es una oportunidad concreta de financiar, por primera vez, seguridad social para quienes viven del mar. Si el proyecto se estanca, la plataforma social simplemente no verá la luz”, aseguró Cortés.
A juicio del sector artesanal , el antecedente que más preocupa, es la influencia histórica del sector industrial
Las organizaciones recordaron que el principal asesor económico del sector opositor, Jorge Quiroz, se opuso explícitamente a licitar el 100% de las cuotas industriales cuando fue ministro Juan Andrés Fontaine, durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Aquella decisión permitió a un reducido grupo de empresas conservar el control del mar por 20 años, renovables a perpetuidad, sin competencia gracias a una asignación de cuotas de manera directa.
Para la pesca artesanal, este antecedente es crítico, pues consideran que un nuevo gobierno con esa línea económica podría intentar frenar la reforma para preservar los privilegios heredados de la Ley Longueira.
Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal y vocera de la Alianza planteó que “la Plataforma Social es un anhelo de años, hoy las familias, y principalmente las mujeres de mar, están en completa indefensión, no cuentan con mecanismos rápidos para enfrentar desastres, la crisis climática, sin ir más lejos, el caso Bruma, que resultó con las familias de las víctimas envueltas en un complejo escenario de dolor, pero también de desprotección económica, por eso es importante el avance inmediato del proyecto de ley”
Llamado directo a La Moneda
La Alianza concluyó señalando que no se trata de un conflicto político, sino que de una urgencia social.
“Presidente Boric, la pesca artesanal no puede esperar otro ciclo legislativo. Es ahora o nunca. Otorgue discusión inmediata y permita que el proyecto avance a la sala. Miles de familias están esperando una ley justa y un sistema de protección social que no dependa de la caridad ni del azar”, cerró Cortés.



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