“Es muy importante establecer un sólido mecanismo de control de la influencia de este tipo de organizaciones, especialmente aquellas que, por mandato internacional, tienen injerencia en las decisiones públicas que afectan a todo el pueblo de Chile”, afirmó el experto en su columna.
Odebret destacó casos emblemáticos, como el de FIMA, una ONG ambientalista financiada por la fundación alemana Heinrich Böll, que ha capacitado gratuitamente a empleados públicos encargados de evaluar proyectos ambientales. “Estas prácticas generan dudas razonables sobre la independencia de los procesos de evaluación”, enfatizó.
También se refirió a un dictamen de la Contraloría General de la República que cuestionó que abogados financiados por una ONG realicen asesorías a la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. El fallo señaló que esto podría dar lugar a que “se privilegien los intereses particulares de la entidad privada en que trabajan”.
El representante agregó que otras organizaciones, como Pew Charitable Trust, han sido cuestionadas por su financiamiento en planes de manejo de áreas protegidas, y recordó una controvertida declaración del director de Greenpeace en Chile. “Garantizo
que puedo agregar unos 2 mil días a cualquier proceso de evaluación ambiental que no cumpla con requerimientos de contaminación”, citó Odebret.
En su análisis, Odebret aludió al estudio de Clare M. Beer, académica de la Universidad de California, quien describió este fenómeno como “dólares por política”. Según Beer, estas organizaciones buscan controlar la gobernanza estatal en conservación, priorizando los intereses de élites extranjeras.
Finalmente, Odebret llamó a tomar medidas concretas: “El lobby está regulado en nuestro país, pero el financiamiento y la representación de intereses por parte de las ONG no lo están. Es urgente garantizar mayor transparencia y establecer normas que equilibren el aporte de estas organizaciones con la protección del interés público”.
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